Alivio y euforia en la coalición, que este jueves ha logrado sacar adelante sus segundos Presupuestos Generales del Estado, las cuentas previstas para 2022. Alivio porque lo ha logrado siendo el Gobierno más minoritario de la historia de la democracia española, y ello le ha obligado a acercar posturas con distintas fuerzas parlamentarias -formaciones que, en su momento, dieron el visto bueno a la investidura de Pedro Sánchez- en busca de acuerdos con los que garantizarse su apoyo. Y euforia porque lo ha logrado a través de una de las más amplias mayorías que se recuerdan.

PSOE (120 escaños) y Unidas Podemos (34) han contado con 188 votos a favor, 159 en contra y una abstención. Los 'síes' proceden de ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCat (4), Más País (2), Compromís (1), PRC (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1). Grupos parlamentarios que no se lo han puesto fácil, reclamando -y logrando arrancar- diversos compromisos políticos de todo tipo. Ahora, con las cuentas aseguradas, y a falta de su tramitación en el Senado, la coalición da por superado uno de los obstáculos más grandes de la legislatura con el objetivo de agotar el mandato.

Es decir, hasta 2023, año en el que se celebrarán nuevas elecciones generales. No obstante, lo que viene ahora tampoco será fácil, pues a lo largo del nuevo camino que se abre para Sánchez y el resto del Gobierno habrán de cumplir con las promesas realizadas a los partidos anteriormente mencionados. Y no son pocas: con Esquerra se han comprometido a la inclusión obligatoria de una cuota de lenguas cooficiales del 6% del contenido ofertado en las plataformas audiovisuales, así como a la creación de un fondo de 10,5 millones para generar contenido audiovisual en estas lenguas.

También garantizaron un aumento de la inversión de hasta el 19% y completar el traspaso de la red de Rodalies a la Generalitat, entre otras condiciones impuestas por la formación independentista. Horas antes de concluir el trato con ERC el Gobierno hacía lo propio con EH Bildu, Más País y Compromís. La coalición abertzale dio el 'sí, quiero' a cambio de inversiones en País Vasco y Navarra y un acuerdo de "compromisos políticos importantes" con el "escudo social permanente por ley" como base -desde la suspensión de desahucios en hogares vulnerables hasta la emisión de ETB3 en toda Navarra-.

PDeCAT, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC también exigen compromisos a cambio de sus votos

Por su parte, Más País ha anunciado que los nuevos Presupuestos dotarán con diez millones de euros un proyecto piloto de reducción de la jornada laboral a cuatro días -irán para las empresas que se acojan voluntariamente a esta iniciativa-, y que también servirán para la creación de una agencia de supervisión de la inteligencia artificial y un plan de salud mental en centros de secundaria públicos. Y desde Compromís han basado su apoyo en la mejora de la dotación para el Cercanías en la Comunidad Valenciana, el transporte metropolitano de Valencia o políticas de dependencia.

Finalmente, PDeCAT también se ha mostrado a favor tras una negociación "que no ha sido fácil" con un acuerdo para que las entidades sociales privadas puedan acceder a los fondos europeos; Nueva Canarias ha negociado partidas por casi 100 millones de euros, incluidas ayudas para el plátano o infraestructuras educativas; Teruel Existe, unos 20 millones, incluyendo dotación para un Museo de Etnografía en Teruel; y el Partido Regionalista Cántabro (PRC) ha logrado, entre otras demandas, una financiación de 30 millones de euros para la carretera N-621.

Tramitación en el Senado

Tras la aprobación de las cuentas en la cámara baja, la tramitación de los Presupuestos llega hasta el Senado, donde el próximo 30 de noviembre el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, abrirá la ronda de comparecencias en la que participarán hasta 40 altos cargos para explicar con detalle los números del próximo año. Ese mismo día se prevé que también intervengan la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, y las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda; Economía, Gonzalo García Andrés; Hacienda, Inés Bardón, y Función Pública, Lidia Sánchez.

Al día siguiente, el miércoles 1, hablarán en dicha comisión los secretarios de Estado de Seguridad Social, Sanidad, Telecomunicaciones, Digitalización, Energía, Medio Ambiente, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa o Empleo, entre otros; el jueves 2, los secretarios de Estado de Memoria Democrática, Migraciones y Transporte, así como los presidentes de Adif, Aena, Puertos y Renfe y el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón; y el jueves 3, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, según está previsto.

Cabe recordar que cualquier cambio presupuestario deberá acometerse en el Senado a partir del texto que remita la Cámara Baja, lo que obligaría a devolver el proyecto al Congreso para ratificar los cambios. Sin embargo, salvo giro repentino de última hora, todo apunta a que, tras recibir el visto bueno en el hemiciclo, los Presupuestos Generales del Estado se incluirán en el BOE de cara a su puesta en marcha efectiva en el año 2022, quizá ya sin una pandemia con una presencia todavía grave en todo el territorio.