El Pleno del Congreso ha respaldado la ley de protección a la infancia frente a la violencia, conocida como 'Ley Rhodes', que empezará a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años, con amplio consenso y la oposición, con distintos argumentos, de Vox y PNV.

El proyecto de ley ha recibido 268 votos afirmativos, 57 en contra y 16 abstenciones. Pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

La ley sale del Congreso con el voto en contra de PNV porque entiende que invade competencias y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse, según han anunciado sus portavoces durante el debate.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha sido la encargada de defender el texto ante el Congreso y su intervención no ha estado exenta de tensión con algunos partidos del hemiciclo, especialmente al abordar el papel de la Iglesia en este tipo de agresiones.

"La Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en nuestro país encubriendo la violencia sexual y esto tiene que terminar", ha expresado ante el murmullo de una parte de la Cámara baja, y las quejas de algunos diputados.

Asimismo, Belarra también ha remarcado la necesidad de comunicar estos abusos, sobre todo porque "la soberanía popular dice no" a la violencia contra niños y niñas, y lanza un mensaje directo a ellos: “Ninguna persona tiene derecho a violentaros ni a tocar vuestro cuerpo sin consentimiento. Si alguien os hace daño en la escuela, avisad en casa, si os hacen daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Nada de lo que os ha pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”, ha exclamado entre aplausos.

La ley fue enmendada pactada en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano, que eleva cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los abusos sexuales, ahora fijada en los 18 años.

Víctimas de abusos, entidades sociales y partidos, como PP y Ciudadanos, habían argumentado la importancia de ampliar aún más ese plazo, incluso pedían que se situara en los 40 años, para acorralar a los agresores que suelen llevar a cabo el maltrato y abuso contra los menores dentro de sus hogares o en entornos cercanos.

El pianista James Rhodes, que sufrió durísimos abusos en su juventud y que ha luchado para que se apruebe en España esta ley, se ha mostrado feliz en una entrevista en Al Rojo Vivo, aunque dice no entender a quienes no la apoyan. "Si vas a votar en contra de proteger a nuestros niños… es súper fuerte. Hay algo mal en tu cabeza", sentencia.

Así, el artista explica que esta ley trata un tema "humanitario" y que aunque había muchos que le decían que no confiara en los políticos, al final la Ley de Protección de la Infancia es un hecho. "Mejor tarde que nunca", insiste.

200 enmiendas

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha incorporado 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales al informe que se somete a votación en el Pleno (que recibió el voto en contra de VOX y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu).

Sin embargo, organizaciones de defensa de la infancia, víctimas y algunos partidos opinan que se puede mejorar aún más en el debate del Pleno y proponen también cambiar el reconocimiento que da la ley como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.

El texto que se aprueba en la Cámara Baja refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.

Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Se quedaron fuera finalmente, por la falta de apoyo del grupo socialista, las propuestas de Unidas Podemos, de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.