La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a seis y medio años de prisión y 18 de inhabilitación al juez de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, por sus maniobras contra la también magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell.

Según fuentes de la acusación particular, Alba ha sido absuelto de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, pero tendrá que indemnizar a su colega de profesión y actual parlamentaria con 60.000 euros por daños morales.

La sentencia, de la que se ha hecho eco la propia Rosell en sus redes sociales, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

 

La jueza y diputada de Podemos se ha mostrado "emocionada" después de "tres años de sufrimiento" con la sentencia, que ha calificado de "magnífica". Rosell ha destacado la alta pena de prisión para el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, así como los 18 años de inhabilitación que se le imponen por conspirar contra ella, aunque haya sido absuelto del delito de revelación de secretos.

Aunque todavía no ha leído la sentencia completa, Rosell reconoce que el delito de revelación de secretos es muy difícil de comprobar, entre otras razones por el derecho constitucional de los medios de comunicación a no revelar sus fuentes, a pesar de que los documentos filtrados se han demostrado ahora "falsos". "Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es muy difícil de comprobar", ha subrayado.

No obstante, la diputada de la formación morada se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la sentencia ante el Supremo, por lo que el caso aún no está cerrado y le tocará continuar defendiendo su honor.

En el juicio que se celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro popular José Manuel Soria había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.