Las críticas a la gestión de la crisis del coronavirus por parte de la Comunidad de Madrid han arreciado en los últimos días por la polémica adjudicación de un contrato al grupo Quirón para incorporar a 22 rastreadores durante tres meses para la detección de "contactos estrechos" de coronavirus, una decisión que ha sido censurada tanto por los partidos de la oposición como por sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios.

Sin embargo, como apuntaba este martes la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís en Al Rojo Vivo, no es la primera administración que subcontrata las labores de rastreo y Newtral ha recopilado las otras externalizaciones de las instituciones públicas.

De hecho, este no es el primer contrato adjudicado al Grupo Quirón que previamente ha firmado otros diez con distintos ayuntamientos, el Ministerio de Justicia, la Universidad Rey Juan Carlos o el Banco de España para servicios de prevención y realización de test en torno a la COVID-19.

También, desde el 1 de julio, gestiona el control sanitario en los aeropuertos y, según Villacís, fue uno de los factores que motivaron el procedimiento de emergencia para subcontratar el servicio de rastreo con esta empresa: "Nosotros lo que hemos hecho es un contrato para rastreadores que ya están formados y que pueden empezar a trabajar desde mañana mismo".

Con la desescalada, muchas comunidades se plantearon la externalización del rastreo, pero finalmente la mayoría optó por reforzar los equipos de atención primaria con los de salud pública.

A finales de mayo, la Generalitat de Cataluña se decidió por la privatización de este servicio para lo que adjudicó un contrato Ferroser Servicios Auxiliares por 17,6 millones de euros, una cantidad casi 100 veces superior al de Madrid, aunque es por un año en lugar de por tres meses como ha firmado el Gobierno de Díaz Ayuso.

Otras adjudicaciones

Además de para el rastreo, las entidades públicas también han solicitado los servicios de empresas públicas para otros servicios como la realización de test de diagnóstico rápido de COVID-19 como ha hecho el Ministerio de Justicia por valor de 144.500 euros, según la investigación de Newtral que indica que también lo han hecho el Ayuntamiento de Sabadell y el Banco de España en 14 sucursales.

Para adaptar sus sistemas de información a las demandas del Gobierno lo ha hecho Baleares, mientras que en Castilla-La Mancha lo han hecho para implementar una "bolsa de empleo única en relación con la COVID-19". De hecho, el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) Salvador Peiró ha explicado a Newtral que "los contratos con el sector privado son normales en muchísimas situaciones en el sector sanitario. Siempre que tienes picos de demanda o que ha crecido la lista de espera, es algo habitual. El sector público que tenemos es muy potente y, por tanto, los contratos son menores".

Peiró está de acuerdo con el portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), Fernando García, que este martes defendía en Al Rojo Vivo que lo más importante es la coordinación entre los servicios y que es más fácil si todo está integrado en el sistema público.

En cualquier caso, este no es el primer contrato de rastreo con el sector privado que realiza Madrid. En julio, el Servicio Madrileño de Salud adjudicó a Indra y Telefónica un contrato de un mes por 421.080 euros para el "seguimiento contactos COVID-19 y estudio seroprevalencia de la Comunidad de Madrid". En el contrato figura que el coste se realiza "en base a la estimación de llamadas que se van a gestionar y el coste por llamada de 2,90 euros" (sin IVA), mientras que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también contrató a Indra para el "diseño, desarrollo, piloto y evaluación de un sistema que permita la trazabilidad de contactos en relación a la pandemia ocasionada por la COVID-19" por 273.171 euros.