A partir del próximo curso todos los colegios del país, tanto públicos como privados, deberán contar con un coordinador de bienestar infantil y un delegado de protección. Su función será detectar y mediar en posibles casos de acoso en el ámbito educativo y en el ámbito del deporte y el ocio respectivamente.
Esta es una de las medidas impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales que tendrán que desarrollar las comunidades y que forma parte de la conocida como "Ley Rhodes", la nueva Ley de Protección de la Infancia. El documento ha sido aprobado este lunes 15 de noviembre en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que la creación de ambas figuras es "una tarea urgente" que se debe "poner en marcha tan pronto como sea posible". Estos coordinadores y coordinadoras, según ha explicado, deben ser "la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar las situaciones de riesgo".
"No puede esperar más y por eso queremos que en el próximo curso haya un coordinador de bienestar infantil en cada centro educativo y un delegado de protección en cada entidad que realice actividades deportivas y de ocio con menores en nuestro país", ha remarcado Belarra.
Otra de las novedades recogida en el documento se refiere a los datos estadísticos. En concreto, el Ministerio y las CCAA han acordado que, en el primer trimestre de 2023, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) recogerá la información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia.
Además, según el programa aprobado, en el primer cuatrimestre de 2022 la Conferencia Sectorial aprobará "un conjunto de recomendaciones comunes, homogéneas y armonizadoras" para "una atención integral, rápida, coordinada y eficiente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género".
Asimismo, se adoptará en los primeros cuatro meses de 2022 un acuerdo con las directrices y criterios que han de reunir los mecanismos de comunicación de apoyo y denuncia de la violencia que sufren los menores para que estos sean "claros, seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles", como líneas telefónicas gratuitas de ayuda, medios electrónicos o plataformas digitales.