Difícil condensar el terremoto político levantado en apenas unas horas tras la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. En la tarde de este viernes, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ejecutó la sentencia del Tribunal Supremo por la que Rodríguez perdía su acta como diputado.

Tras esta decisión, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, publicó un tuit en el que acusaba de "prevaricación" al Tribunal Supremo y a la Presidencia del Congreso por esta decisión "aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", afirma.

A partir de aquí, llega el caos. Unidas Podemos anunció que presentará una querella contra Batet por prevaricación y llegó la respuesta del Consejo General del Poder Judicial. En una dura nota, critican que Belarra "exceda absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión", situando "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".

 

A ese "profundo malestar" del CGPJ le siguió la reacción de PP y Vox. Desde su cuenta de Twitter, Pablo Casado calificó de "intolerable" lo que considera "el ataque a la Justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez", instándole a "actuar ya" si no quiere ser, afirma, su "cómplice".

"En cualquier Gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato", recoge su mensaje. En una reacción más escueta, desde Vox hablaron de 'Game over', en palabras de la portavoz Macarena Olona.

Fuentes socialistas trasladan la postura del partido de respeto absoluto a la independencia judicial, algo que se plasma, defienden, en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales. Aclaran que Batet se ha limitado en dar cumplimiento a la ley.

A este cisma hay que sumar el otro gran debate abierto en el Gobierno de coalición, esa reforma laboral que ha hecho chocar a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz en lo que el Ejecutivo ha llamado "coordinación" y "colaboración", según aseveró el propio Pedro Sánchez, que negó "injerencias" de ningún tipo.

"No hay intromisión; lo que hay es colaboración, coordinación, un aporte por parte de todos los ministerios", explicó Sánchez. Una agitada semana que marca el presente de un Gobierno en la que la Justicia también entra en la ecuación y en la que habrá que esperar para conocer las réplicas que puedan vivirse en las próximas horas.