El juicio que afronta a partir del viernes Laura Borràs, acusada de adjudicar a dedo a un amigo 18 contratos en la Institució de les Lletres Catalanes, puede tener derivadas más allá de su situación personal, afectando el equilibrio de fuerzas interno en JxCat y al resto del tablero político catalán. La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación tras haber fraccionado presuntamente contratos para adjudicárselos a Isaías H., quien negocia una rebaja de condena que le libre de ir a la cárcel a cambio de delatar a Borràs. Estas son las claves políticas del caso que afecta a la presidenta suspendida del Parlament.

Estrategia basada en defender su inocencia

Borràs considera que es víctima de una "persecución política", enmarca el caso en una "causa general contra el independentismo" y cree que es fruto del "lawfare", o guerra sucia judicial. Su defensa -encabezada por Gonzalo Boye, abogado a su vez del expresident Carles Puigdemont- tratará de desacreditar los correos electrónicos que la inculpan. Para ello han contratado al perito Luis Enrique Hellín, exmilitante de Fuerza Nueva y condenado por el asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980.

Un año de desgaste político

A pesar del tirón electoral que demostró Borràs en las elecciones de febrero de 2021, su figura ha sufrido un notable desgaste en el último año, en el que se ha visto envuelta en polémicas en el Parlament y dentro de JxCat. La primera de ellas se remonta a febrero de 2022, cuando el entonces diputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà fue inhabilitado y Borràs no le mantuvo el escaño, aunque la presidenta culpó a los funcionarios de ello, lo que desembocó en la enésima crisis entre partidos independentistas.

Borràs volvió a estar en el foco a raíz del caso que afectó a uno de sus más estrechos colaboradores, el diputado Francesc de Dalmases, que abroncó a una periodista del programa "FAQS" de TV3 y que dimitió como vicepresidente del partido tras aflorar un informe interno en el que se corroboraban los hechos. Otro episodio clave de este desgaste fue su suspensión como presidenta del Parlament tras la apertura de juicio oral el pasado mes de julio, una decisión apoyada por PSC, ERC y la CUP.

¿Quién será el próximo candidato de JxCAT?

El resultado del proceso judicial condicionará directamente la oferta electoral de JxCat en las próximas elecciones catalanas: una absolución abriría la puerta a que Borràs pudiese repetir como presidenciable, mientras que una inhabilitación abocaría a JxCat a iniciar el debate sobre su próximo candidato. Uno de los nombres que suena internamente es el del exconseller Jaume Giró, que se opuso a la salida del Govern y que podría postularse como candidato del sector pragmático de Junts, mientras que la exconsellera Victòria Alsina también es vista con buenos ojos entre los dirigentes con pasado en la antigua Convergència. Ahora bien, otra decisión judicial podría zanjar rápidamente el debate sobre el presidenciable de JxCat: una resolución europea favorable a Carles Puigdemont que facilitase su retorno.

La incógnita de la Presidencia del Parlament

Tras su suspensión al frente del Parlament, la cámara catalana se encuentra en una situación de interinidad, con las funciones de la presidenta asumidas por ahora por la republicana Alba Vergés. La inhabilitación definitiva de Borràs o su absolución propiciarían el fin de esta interinidad, ya sea con su "restitución" como presidenta -ese es su deseo- o eligiendo a un nuevo presidente, cargo para el que JxCat podría proponer a Anna Erra o Marta Madrenas, aunque sea quien sea el candidato -de Junts o de otro grupo- deberá recabar suficientes apoyos parlamentarios.

Equilibrios internos en JxCAT

En el II Congreso de JxCat del pasado verano, Borràs pactó con Jordi Turull una lista de consenso, que aglutinaba las diferentes sensibilidades del partido y que contemplaba una dirección al 50 %, para garantizar el equilibrio interno. Pero en las últimas elecciones internas de JxCat, el sector identificado con Turull, con pasado en Convergència, se organizó y copó las direcciones locales y las cúpulas de las corrientes ideológicas, despojando de esos cargos a los afines a Borràs.

Una condena a Borràs volvería a agitar el debate en las filas de Junts y daría alas al sector más pragmático para intentar copar del todo el poder en el partido. Los estatutos de JxCat prevén que, en caso de condena firme, será la comisión de garantías quien decida la suspensión de un militante en casos de 'lawfare', uno de los argumentos esgrimidos por Borràs en su defensa. Es la misma comisión que, en octubre, elaboró el informe que acabó con la dimisión de Dalmases como vicepresidente de Junts.