El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el informe preceptivo que daba el visto bueno a la Ley de Vivienda elaborada por el Gobierno de coalición y que, entre otras medidas, contemplaba la regulación de los precios de los alquileres en zonas tensionadas.
Con seis votos a favor y quince en contra, el documento elaborado por el vocal Álvaro Cuesta ha sido rechazado. Su documento partía de "consideraciones generales favorables" y apuntaba que el texto -surgido de complicadas negociaciones entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales- constituía "un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda".
El texto señalaba, además, que el anteproyecto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre, garantizaba que este derecho se cumpla "en igualdad de condiciones" para todos los ciudadanos españoles. Tampoco consideraba que la Ley invadiera las competencias en materia de vivienda que tienen atribuidas las comunidades autónomas.
El pleno del órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado designar nuevos ponentes para este informe prerrogativo, los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. El nuevo texto se debatirá en el próximo pleno del 27 de enero.
El debate sobre el informe levantó suspicacias en el sector conservador del pleno, que han criticado su "sesgo ideológico" y falta de solvencia técnica.
Según fuentes de Unidas Podemos a esta cadena, en el partido están preocupados por los retrasos que consideran injustificables en la tramitación de esta ley, ya que el pleno del CGPJ no estudiará este asunto hasta finales de mes. Los morados han tenido una implicación importante en esta ley ya que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha sido una de las negociadoras clave para que saliera adelante.