El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el nombramiento de la Dolores Delgado como fiscal general del Estado con 12 votos a favor y siete en contra.

Este ha considerado que la exministra cumple los requisitos legales exigidos para el cargo, aunque ha evitado hablar de su "ideoneidad". Según fuentes del Consejo, el debate no ha sido agrio, pero se ha visualizado perfectamente la oposición del sector conservador: "Ha sido un pleno correcto en las formas pero muy directo".

Cabe destacar que solo se ha votado la propuesta del presidente. De esta manera, ha habido un voto particular discrepante al que se han adherido varios vocales y varios votos concurrentes. Estos últimos defienden que Delgado cumple los requisitos legales para el nombramiento, pero no resulta idónea.

Voto discrepante

"La asunción de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de Ministra de Justicia y de Diputada del Partido Político que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado", ha señalado el voto particular.

Según el CGPJ, la candidata cumple los requisitos, pero omite la palabra "idoneidad".

La exministra es la fiscal general que más rechazo ha cosechado de los últimos seis aprobados. Segarra, Torres Dulce y Madrigal fueron avalados por unanimidad del CGPJ y Maza y Sánchez Melgar tuvieron un voto en contra.

El sector conservador del CGPJ no ha ocultado su "profundo malestar" por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno y han barajado durante el día la posibilidad de forzar una segunda votación sobre la imparcialidad de Delgado.

No obstante, el examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo, que nombra a la persona que ocupará el cargo.

El informe no es vinculante, y Delgado es la fiscal que más rechazo ha cosechado de los últimos seis aprobados.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya había traslado a los vocales la propuesta de avalar a Delgado porque esta reunía los requisitos legales: "Cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", decía la documentación.

Sin embargo, no hablaba de "idoneidad" de la candidata. Según fuentes del CGPJ, la omisión de la palabra "idoneidad" en la propuesta de Lesmes tenía el objetivo de lograr la unanimidad.

El PP pide a Delgado que renuncie

El PP considera que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, debería rechazar ser fiscal general del Estado por "dignidad".

Según los populares, la decisión del CGPJ "obliga a Delgado a rechazar el nombramiento como fiscal general del Estado si le queda alguna dignidad personal y profesional".

Estos han añadido que "no hay ningún precedente de un nombramiento tan cuestionado por la carrera judicial y fiscal".

Vox denuncia a Sánchez y Delgado

Vox ya ha interpuesto una querella contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado para señalar la "constatación inequívoca" de que con este "se cierra una estrategia concertada de antemano por los querellados para obligar a la Fiscalía a apartarse de los criterios profesionales" que deben regir las actuaciones de este órgano,"igual que se hizo con la Abogacía del Estado".

El ministro de Justicia se pronuncia

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, antes de la decisión del Poder Judicial aseguró que el mecanismo de designación es "tremendamente democrático, donde intervienen los tres poderes del Estado": "Debemos sentirnos orgullosos de un sistema muy potente para la designación de ese puesto".

Juan Carlos Campo defiende el sistema de nombramiento: "es tremendamente democrático".

Además, ante las críticas, ha señalado que la separación de poderes "está absolutamente consagrada con la propuesta que se hace de una fiscal con más de 25 años de trayectoria impoluta y que ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal".

Choque de poderes

La reunión del Poder Judicial se ha producido tan solo un día después del cruce de comunicados entre el CGPJ y Moncloa por unas palabras de Pablo Iglesias, quien afirmó que los tribunales europeos habían humillado a los españoles en relación a la sentencia del 'procés'.

El CGPJ ha pedido "moderación, prudencia, mesura" y ha apelado a la "responsabilidad institucional".

En el escrito, el CGPJ pedía "moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional" y recordaba que su actuación "persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".

De la misma manera, la comisión permanente pedía no realizar declaraciones de este tipo "para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".

Moncloa ha defendido el derecho a la libertad de expresión y a la crítica tras el comunicado del CGPJ.

El Ejecutivo ha insistido en el derecho a la libertad de expresión y a la crítica, pero ha hecho una referencia a ese comunicado de CGPJ: "Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día los órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo".

Ademas, el Gobierno ha considerado que es tiempo de "dialogar y aportar acuerdos" que refuercen las instituciones.