En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados intenta "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".
El Consejo General del Poder Judicial promete que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la independencia de Llarena, incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y pedirá a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica.
