Querella criminal contra el Ministro de Sanidad por el reparto de mascarillas defectuosas a los sanitarios. La ha presentado ante el Tribunal Supremo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por la presunta actuación negligente por parte del ministro Illa.

Esta confederación de sindicatos médicos le atribuyen un delito contra los derechos de los trabajadores y le acusa de "poner en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad".

"No podemos pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de COVID-19, y que el número de fallecidos es inasumible desde cualquier punto de vista", añade el CESM en un comunicado en el que también critica la gestión de la crisis sanitaria por parte del Ejecutivo.

El pasado lunes, el consejero de Salud, Manuel Villegas, corroboró que la Región de Murcia recibió un total de 40.000 mascarillas FFP2 defectuosas enviadas por Sanidad, de las que se distribuyeron unas 25.000 entre casi todas las áreas de salud.

Informaba entonces el consejero Villegas que unos 1.100 sanitarios de Murcia habían sido puestos en aislamiento porque podrían haber hecho uso de dichas mascarillas.

Las mascarillas FFP2 defectuosas también se llegaron a utilizar en residencias de mayores. Tan sólo en Madrid, 880 trabajadores han atendido a pacientes con COVID-19 o síntomas, con ellas puestas. Por ello, y según informa CSIF, "se ha instado a que se realicen test a los trabajadores que las han usado".

Illa defiende su actuación en el Congreso

Por su parte, en su comparecencia hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso, Illa ha señalado que el Gobierno comunicó el pasado martes el cese del suministro de las mascarillas fabricadas por Garry Galaxy, que iban contenidas en un envase verde, al detectarse que estaban defectuosas.

Illa apunta: "Actuamos en todo momento priorizando la seguridad de nuestros sanitarios".

"Actuamos en todo momento priorizando la seguridad de nuestros profesionales sanitarios y ofreciendo toda la información con máxima transparencia a las comunidades autónomas", ha defendido el responsable de Sanidad.

Además, ha apuntado que, la semana pasada, el Ministerio de Sanidad comunicó a las CCAA la retirada inmediata de las mascarillas FFP2, después de observarse que una partida contenida en envases verdes no cumplían con la norma UNE. Así, a pesar de que la incidencia se detectó en un solo lote, el Gobierno solicitó que se retirasen todas las mascarillas. El ministro también ha recordado que otros lotes que fueron analizados sí cumplían con todas las especificaciones.

"Vimos que el material no cumplía. Ese proveedor se ha portado bien con el Gobierno de España. Han devuelto hasta el último céntimo", ha remarcado el ministro Illa en su comparecencia en la comisión.

Explicaciones que no han convencido a la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que le ha preguntado a Illa: "¿por qué da confianza a empresas inexpertas en el mercado sanitario?". Críticas a la actuación del Ministerio de Sanidad que también han realizado Vox y UPN.