Al no existir una ley estatal para luchar contra la pobreza energética, cada Comunidad Autónoma aporta el dinero para combatirla que cree preciso. Entre las que más dinero destinan está Andalucía que otorga más de seis millones de euros con los que en 2015 ayudó a 7.500 familias, la Comunidad Valenciana cinco millones para 12.000 familias y Aragón que acaba de aprobar una ley contra la pobreza energética.

En el otro extremo encontramos casos como el de Castilla-La Mancha que con un presupuesto es bastante inferior, de millón y medio de euros para 6.000 familias, y Murcia y Castilla-León donde la pobreza energética directamente no está incluida en los presupuestos.

Las ONG creen que de esta forma las ayudas se quedan muy cortas y no llegan a las cinco millones de personas en situación de pobreza energética. "Necesitamos un pacto de estado que una a todas las instituciones, administraciones públicas, empresas y ONG en torno a una estrategia común que consiga un cambio sustancial en la lucha contra la pobreza energética en España", señala Jorge Cattania, portavoz de Ayuda en Acción.

Matías asegura que recibía el bono social, la única ayuda a nivel estatal que existe y que descuenta un 25% de la factura de la luz, dice que ahora se la han quitado: "Me lo quitan porque mi hijo ya no está en el paro, pero tiene un contrato con el que gana 136 euros al mes".

Otros como Teresa, directamente dependen de los servicios sociales: "Te dan el valor del recibo antes de que te lo corten, pero si te lo cortan tienes que hacerte cargo tú". La situación obliga a que algunos ayuntamientos también planten cara a la pobreza energética. Valladolid o Pamplona también destinan dinero en sus presupuestos a ayudar a miles de familias necesitadas.