Caras conocidas en el juicio del 'procés', como Pablo Llarena o Manuel Marchena, una magistrada de perfil progresista como Ana Ferrer, o la experta en violencia de género Susana Polo. Son diferentes perfiles de jueces y sus nombres están entre los 15 de los 16 jueces penales del Tribunal Supremo que han resuelto en algún momento rebajar una condenapor laley del 'Solo sí es sí'. El único que no se ha pronunciado es porque no le ha tocado todavía revisar ningún caso.
Es una de las pruebas que refuerza la defensa que hacen los propios jueces de su independencia. Como señala a laSexta la portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Concha Roig, los jueces tienen su propia ideología, su forma de pensar, pero "eso nunca llega a reflejarse en una resolución judicial".
De las dieciséis revisiones que se han hecho en el Supremo, en nueve casos la pena se ha mantenido y en otros siete ha sido rebajada. Los mismos tribunales están diciendo en algunos casos una cosa y en otros, la contraria.
Esto, insiste Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, "no ocurre porque se estén volviendo locos". Lo que hacen los magistrados, explica, es "una aplicación técnica de una cuestión jurídica".
Pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en señalar a un grupo de jueces minoritarioque supuestamente no aplica la ley de manera correcta. Dice Montero que son una minoría de jueces que no está aplicando bien ni la ley ni el derecho transitorio. En cambio, la parte socialista reconoce errores en la ley, reconoce que "la ley es imperfecta".
Las asociaciones de jueces recuerdan que no es un solo juez en solitario el que decide la rebaja. Cada caso se estudia en primera instancia por tres magistrados y magistradas. Ese tribunal tiene que decidir por mayoría y su decisión puede ser recurrida y revisada por un segundo tribunal, es decir, por tres jueces más.
Y mientras la polémica sigue, especialmente en el seno del Gobierno, donde Unidas Podemos y PSOE no han conseguido ponerse de acuerdo para la reforma de la ley, ya son más de medio millarlos delincuentes sexuales beneficiados por su aplicación: de los 508 condenados beneficiados, 42 de ellos han sido excarcelados desde que la ley está vigente.
Estas revisiones de sentencia y rebajas de pena se han producido en 17 comunidades autónomas, siendo la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana las que más sentencias han revisado.
El CGPJ analizará las incidencias en la aplicación de la ley
Llegados a este punto, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Audiencias Provinciales todas las resoluciones dictadas en relación con la ley.
La propuesta parte de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, y tiene el objetivo de "hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente".
PSOE y Podemos no logran un acuerdo
La fisura que esta ley ha abierto en el Gobierno no se cierra y parece que los socios van cada uno por su lado. El PSOE ha registrado su proposición de ley para volver a distinguir penas en función de que se produzca violencia o intimidación. En solitario.
El ministerio de Justicia no ha hablado desde hace días con el de Igualdad. Lo confirmaba en la Cadena Ser la titular de esta última cartera, Irene Montero, quien insiste en que la ley está bien hecha y aunque se mostraba dispuesta a "ceder" siempre y cuando con la reforma no se tocase el consentimiento sexual, ninguna de las propuestas de los socialistas han cuajado.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a defender este viernes que su partido no ha roto las negociaciones y ha "tendido la mano para que vuelvan a la mesa de negociación".