Tensión a primera hora de la mañana de este martes entre activistas por el derecho a la vivienda y los Mossos d'Esquadra por la ejecución de un nuevo desahucio que ha tenido lugar en el llamado bloque 'Llavors', en el barrio del Poble Sec de Barcelona. Para frenar el desalojo, que se ha producido finalmente sin que hubiera nadie en el interior del domicilio, también han acudido miembros de la CUP como Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Carles Riera y Xavier Pellicer.
Los diputados, presentes después de haber pactado con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no se enviara a los mossos a los desahucios, se han llegado a posicionar en primera línea frente al cordón de los antidisturbios: "Estamos en el 'Bloc Llavors' con los vecinos y vecinas defendiendo los derechos de todas", han señalado desde la cuenta de Twitter de la CUP, donde han añadido: "Junto a la gente ante la violencia de los desahucios, los antidisturbios y los matones a sueldo. ¡Basta de desahucios!".
Ya en la madrugada se encontraban concentradas varias personas para bloquear todos los accesos a la casa con un cordón humano y evitar que pudiera llevarse a cabo el desahucio. Un poco más tarde, sobre las seis de la mañana, los agentes se han trasladado a la zona y han organizado un perímetro de seguridad. A partir de este momento, la tensión entre los antidisturbios y las personas presentes para impedir el desahucio ha ido en aumento.
Los manifestantes han arrojado pintura roja a los mossos, han vaciado un extintor y han tirado confeti. Los agentes han cargado con el uso de porras al tiempo que han ido sacando a las personas que bloqueaban el paso al inmueble para poder acceder al mismo. Como resultado, tres agentes de la policía catalana han sido heridos de carácter leve mientras que han sido denunciadas tres personas por un delito de atentado a la autoridad, nueve por desórdenes públicos y más de medio centenar administrativamente por desobediencia a agentes de la autoridad.
Hemos enviado los antidisturbios porque había mucha gente concentrada"
Sobre las 9:30 horas, los agentes han logrado llegar a la puerta, han roto la cerradura y, tras comprobar que no había nadie en el interior, han procedido a 'devolver' la vivienda al representante legal de la propiedad. Este desalojo se produce tan solo un día después de la toma de posesión de Pere Aragonès como nuevo president de la Generalitat y ya supone el primer desencuentro entre ERC y la CUP tras la formación del nuevo Govern al haberse pactado previamente que no se enviara a los mossos a los desahucios.
Miquel Samper, conseller d'Interior en funciones, ha manifestado que la actuación policial en este desalojo es responsabilidad suya: "Hemos enviado los antidisturbios porque había mucha gente concentrada que impedía la llegada de la comitiva judicial". Asimismo, el propio Aragonès se ha hecho eco del suceso asegurando que encargará un nuevo protocolo de actuación ante estas situaciones para involucrar en la solución también a la administración de justicia.
Mientras se producían los enfrentamientos entre activistas y antidisturbios, miembros del Sindicat d'Habitage del Barri del Poble Sec se han trasladado a la sede de Esquerra Republicana, en la calle Calàbria de Barcelona, para ocuparla con el objetivo de denunciar el desahucio. Según ha indicado el colectivo en redes sociales, no tenían previsto marcharse de allí hasta que se detuviera la intervención policial y el desalojo.
Sin embargo, después de media hora han despejado la zona. "Aragonès, eres el responsable de cualquiera de los desahucios que se vayan a efectuar en Cataluña. Ponte las pilas", han reclamado. En total, unos 40 jóvenes se han personado en el lugar con pancartas contra el desalojo, al tiempo que han esgrimido cánticos y gritos reclamando a ERC y a Aragonés que pare los desalojos y deje de utilizar la Brimo de los Mossos para llevarlos a cabo.
"El solicitante tiene apoyo familiar y soporte económico
El juzgado de primera instancia 54 de Barcelona dictó sentencia para la ejecución de este desahucio, que fue confirmada posteriormente por la Audiencia de Barcelona. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se trata de un procedimiento por precario en el que no existe ningún tipo de vínculo entre el propietario y el inquilino. Es decir, que no es asimilable a un desahucio por impago de hipoteca o de alquiler.
Así, en este caso el ocupante del inmueble presentó informe de vulnerabilidad, realizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que no fue admitido por el magistrado al considerar que no se daban los requisitos: "El solicitante tiene 28 años de edad y no sufre problemáticas de salud destacables. Tiene apoyo familiar (padres y una abuela) que le dan soporte económico y, por tanto, se estima pueden ofrecerle una vivienda para residir".
"Además, ocupa en solitario la vivienda de autos. Por último, señalar que el codemandado ocupa otro piso en el mismo edificio y podría darle alojamiento", reza el escrito. El pasado 13 mayo la parte actora solicitó la presencia policial y el juzgado así lo acordó para que se diera apoyo a la comitiva judicial, tal y como se hace de forma habitual en aquellos procedimientos en los que se prevé que la comitiva pueda necesitar del acompañamiento del cuerpo policial para dar cumplimiento a una resolución judicial.