El Tribunal Supremo ya ha recibido el recurso del Gobierno de Canarias por el que la región pretende prorrogar los cierres perimetrales una vez terminado el estado de alarma. Se trata de un movimiento judicial que, pese que ha sido habilitado por el Ejecutivo nacional (mediante la publicación de un nuevo decreto) hasta ahora no había sido utilizado por las autonomías.
Mediante esta medida, Canarias busca recuperar una de sus restricciones más importantes en los meses previos al 9 de mayo. En un principio, la intención también era mantener los toques de queda, pero tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia (y la experiencia de otras comunidades, como el País Vasco o Navarra, donde los juzgados también se han opuesto a esta restricción), el ejecutivo canario finalmente no solicita su prórroga.
En la actualidad, las restricciones en el archipiélago se reparten en cuatro niveles, y apuntan directamente a los máximos en reuniones, que sí han conseguido el aval del TSJ. De este modo, en las islas que están en nivel 1 (Las Palmas y La Gomera), el máximo de personas que se pueden juntar es de 10 personas, mientras que en el resto de islas, el límite es de 6.
Así, el objetivo es mantener los cierres perimetrales en cada una de las 7 islas, de tal forma que, de aprobarse, sería necesario presentar una justificación para poder salir y entrar del territorio sin riesgo de sanciones.