Agentes de la Guardia Civil han detenido al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por su reiterada incomparecencia a declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con motivo de la ocupación de la finca militar Las Turquillas, ubicada en la localidad sevillana de Osuna, según han informado fuentes del sindicato. 

Estas mismas fuentes han explicado que la detención se ha producidocuando Diego Cañamero abandonaba una reunión celebrada en el Centro Obrero de El Coronil (Sevilla). Una vez ha sido detenido, los agentes que lo esperaban a las puertas del local desde las lo han trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto.

Según las fuentes consultadas, Cañamero pasará por los calabozos y será conducido para que preste declaración ante el TSJA, cuya sede se encuentra en Granada. 

Cabe recordar que el pasado viernes, el Alto Tribunal andaluz ordenó su detención inmediata al ser la tercera vez que no se presentaba a la comparecencia judicial fijada por la ocupación de la finca de Las Turquillas, que tuvo lugar el pasado verano, tras lo que fue citado nuevamente este lunes a declarar. 

En la causa abierta por la ocupación de la finca Las Turquillas, donde se encuentra la Yeguada Militar del Ejército, están imputados medio centenar de simpatizantes y militantes del SAT, entre ellos el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El TSJA, que cifra los daños causados en la finca en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos, atribuye a los imputados los posibles delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto.

Cuando ocurrieron los hechos, Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito", pero ellos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar una alteración del orden público".

Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua".