Los avances de la operación Kitchen se reportaban a la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy en tres niveles políticos diferentes. Es lo que se revela en el informe que el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ha enviado al juez de la caja B del PP, Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso laSexta.
En él recoge las declaraciones del comisario Enrique García Castaño en la pieza del caso Tándem en la que se sigue la operación Kitchen y en el que confirma los seguimientos al extesorero Luis Bárcenas en prisión.
Según su relato, el excomisario Villarejo rendía cuentas al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. El excomisario Gómez Gordo y el propio Castaño lo hacían a Maria Dolores de Cospedal y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a Soraya Sáenz de Santamaría.
Así, se habría formado un operativo ilegal para seguir los movimientos de Bárcenas en la prisión de Soto Del Real y para, presuntamente, destruir pruebas contra el PP en posesión del extesorero. Mientras, al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se lo justificaban bajo del paraguas de la búsqueda de patrimonio oculto en el extranjero.
También se relatan en el informe los pagos a Sergio Ríos, chófer de Barcenas, para asegurarse conocer los movimientos de éste, así como el pago también a un preso de confianza del extesorero que iba a destruir la documentación en la nube.
Y todo ordenado, según García Castaño, por el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y su superior directo, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número dos del ministro Fernández Díaz.
Fin a la investigación de 'los papeles de Bárcenas'
A esta información a la que ha tenido acceso laSexta, se suma que hoy el juez de la Audiencia Nacional ha rechazado prorrogar seis meses más la instrucción de la causa en la que se investiga si las donaciones de empresarios a la caja B del PP, reflejada en los ‘papeles de Bárcenas’, fueron a cambio de adjudicaciones públicas u otros favores.
De este modo, el plazo de la instrucción vencerá el próximo jueves 29 de julio, con lo que no se podrán pedir más diligencias y solo se admitirán las que ya se hayan acordado y se esté a la espera de su presentación.
Santiago Pedraz ha optado por poner fin a la instrucción tras interrogar el pasado 16 de julio al extesorero Luis Bárcenas a raíz de la carta que envió a Anticorrupción antes del juicio por el presunto pago en b de la reforma de la sede del PP, pendiente de sentencia.
Ha seguido así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que la tramitación en curso de "las diligencias que se han estimado necesarias para el esclarecimiento de los hechos" no justifica una prórroga de la investigación, como pedían las acusaciones populares y la Abogacía del Estado, que apoyó la petición de estas.