La silla de la sala del juzgado será el último paso del calvario de la infanta Cristina. Cuando estalló el 'caso Nóos' ella estaba libre de sospecha y las investigaciones del juez Castro se centraban en Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. "La imagen de la infanta Cristina es un tema que todos la tenemos que preservar" decía en enero de 2012 Pascual Vives, el abogado de Iñakli Urdangarin.
Hasta que en la investigación apareció la consultora Aizoon, participada al 50% por la infanta y mediante la que pudieron cometer delitos fiscales. "El hecho de que esta parte solicite que se le tome declaración como imputada no ha sido ni más ni menos que por ser más garante de los derechos de la infanta" aseguraba en febrero de 2012 Virgina López Negrete, abogada de Manos Limpias.
Los entonces duques de Palma cargaron a Aizoon, entre otras cosas, la reforma del palacete de Pedralbes, un safari de 5.000 euros y clases de salsa. Desde el primer momento la fiscalía mostró su posición: "No es posible pedir la imputación de la infanta doña Cristina" defendía Eduardo Torres Dulce, el exfiscal General del Estado.
En abril de 2013 el juez Castro la citó por primera vez como imputada pero no fue hasta enero de 2014 cuando la imputación prosperó. En su declaración la infanta se escudó en evasivas y mantuvo que no se enteraba de nada. En ese tiempo la Casa Real la había ido apartando hasta convertirse en la gran ausencia de la coronación de su hermano.
Ya sin el título de Duquesa de Palma, la infanta empezaba el año sentándose junto al resto de los acusados del 'caso Nóos'. Se enfrenta a 8 años de cárcel como cooperadora de dos delitos fiscales.