El Consejo de Ministros ha aprobado el Fondo COVID-19,con 16.000 millones de euros de transferencias directas a las Comunidades Autónomas para paliar los efectos de la crisis generada por el coronavirus.

"Es la mayor transferencia de recursos jamás hecha a las comunidades. Es un fondo no reembolsable. No va a incrementar la deuda pública de las comunidades ni va a generar intereses. Hemos escuchado a todas las comunidades en el proceso de elaboración". 9.000 millones se destinan a Sanidad, 2.000 para Educación, 5.000 para compensar la caída de ingresos. "Los criterios son fruto del diálogo, son objetivos, razonables y transparentes", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior.

Se va a desembolsar en cuatro momentos. El primero es de 6.000 millones, en julio. El segundo tramo se pagará en noviembre y se reparte con los mismos criterios que el primero, pero con diferente ponderación (población protegida equivalente, ingresos UCI, hospitalizaciones, PCR totales).

El tercer tramo, de 2.000 millones, está reservado a educación y se abonará en septiembre (el 80% se reparte en función de la población de 0 a 16 años). El cuarto tramos se divide en dos: una parte de 4.200 para impuestos cedidos no sujetos a liquidación y una de 800 millones para transporte. Se repartirá en diciembre. País Vasco y Navarra no participarán en este cuarto tramo.

"Nos importa que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad. Son imprescindibles para impulsar el crecimiento y la recuperación de nuestro país. El fondo demuestra que este Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías. No son préstamos, sino recursos que el Gobierno pone a disposición de las comunidades para transitar hacia la nueva normalidad sin producir distorsiones para los ciudadanos y preservando la seguridad", ha añadido Montero.

Quejas de las comunidades gobernadas por el PP

Algunas comunidades ya han manifestado su disconformidad por cómo será el reparto, entre ellas Castilla y León, que cree que se penaliza la España interior y opina que deberían priorizar a los más afectados, con más personas mayores y más dispersión.

El presidente gallego, Núñez Feijóo, cree que a Galicia le corresponderían 1.000 millones de los 16.000, pero da por hecho que les llegará menos porque los nuevos parámetros "benefician a unos y nos perjudican a otros". Murcia, por su parte, está convencida de que será la que menos reciba por habitante, y quieren un fondo adicional para los infrafinanciados.

Andalucía exige que el criterio básico sea la población y que no se penalice a aquellos que han manejado bien la pandemia. Y desde Madrid, dicen que "no hemos sido los más favorecidos ni mucho menos, a pesar de ser los más afectados". Quieren flexibilidad para poder decir en qué gastarlo.