Entre gritos de apoyo, Alfonso Hernández se cubre la cara, y se camufla como una más de las 200 personas que forman un muro humano en la parroquia de San Carlos Borromeo. Uno a uno salen y, a modo de reto frente a la Policía, se descubren. El último, Alfons.
Se entrega porque el Tribunal Supremo acaba de confirmar su condena a cuatro años de prisión por un delito de tenencia de explosivos. La Policía le mete en un coche y la tensión se queda fuera, con enfrentamientos entre amigos y agentes, que terminan en cargas, y en su grupo de apoyo intentando echar a los 50 agentes.
A Alfonso se le atribuye un delito de tenencia de explosivos. La noche de la huelga general de 2012, la Policía le detuvo portando una bolsa de plástico con dos botellas con gasolina, gas licuado, un petardo, cerillas y cinco tornillos. Alfonso y su entorno niegan que la bolsa fuese suya. Hablan de montaje policial. Su madre, Elena Ortega, nos cuenta: "Ellos saben. Pero ya lo saben. Dijo que esta detención es ilegal. Esto te lo vas a comer tú, hijo de puta".
Según su madre, esa fue la respuesta de los agentes. También dicen que la Policía le amenazó con imputarle tenencia de explosivos si no identificaba fotográficamente a miembros de grupos de la izquierda radical. El auto de la Audiencia Provincial desmonta esta teoría porque "la probabilidad de que un agente pudiera poner en libertad a una persona sorprendida con un artefacto explosivo es prácticamente nula".
Este sábado se ha convocado una nueva manifestación para pedir su excarcelación, y Pablo Iglesias también se ha posicionado a su favor. La defensa de Alfon aún tiene tres días para presentar recurso de súplica.