Son 28 las páginas que completan el auto del juez Velasco en el que se sustenta la entrada en prisión de Ignacio González. Desde un entramado irregular en Sudamérica, hasta la financiación ilegal del Partido Popular madrileño o el blanqueo de capitales del expresidente.

El primer punto es la expansión del Canal de Isabel II: "Se observan irregularidades para la adquisición hipervalorada ficticiamente de la empresa brasileña Emissao, concebidas para posibilitar desvíos de dinero público madrileño valorados en 25 millones de dólares".

Se trata de una operación efectuada a través de una trama opaca que según el auto no contó ni con informes técnicos, ni con interventores, ni con la autorización de la Consejería de Hacienda.

La segunda conclusión desvela cómo el PP madrileño se financió de forma ilícita. "Existe una solicitud de en torno a un millón de euros por parte de Ignacio González para sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid".

González pidió el dinero a un ente público: la Agencia de Informática de Madrid. Según el auto, en una de las comunicaciones intervenidas, Ignacio González habría propuesto a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera.

El auto también revela el cobro de comisiones en las empresas OHL e Indra, así como un delito de blanqueo de capitales orquestado junto a su mujer en la gestión de una red de guarderías.

Una trama, instruida por un juez con el que González ya mostró su malestar, según ABC.