Archivada la causa penal contra Ana Botella y parte de su Gobierno por vender vivienda pública a fondos buitre. El auto del Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid, al que ha tenido acceso 'El Mundo', concluye que la operación se realizó para "solventar la angustiosa situación económica" por la que atravesaba la EMVS.
Entre los argumentos jurídicos, según recoge 'El Mundo', se señala que "no existe una norma clara, taxativa y suficiente que permita conocer qué precio es el justo y adecuado y qué precio era el mínimo exigible" en la operación.
El Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25 millones por vender 1.860 viviendas públicas protegidas al fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado en 2013. Según informa 'El Mundo', el recurso presentado contra ésta decisión del Tribunal de Cuentas sigue su curso.
El Tribunal de Cuentas consideró que Botella y el núcleo más duro de su Gobierno "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público".
La sentencia concluyó que las operaciones de la Empresa Municipal de Vivienda, que dependía del Gobierno, "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público" que cifra en 23 millones.