El decreto, en vigor desde el sábado, ha salido adelante con 180 votos a favor, 123 en contra, 1 abstención y la no participación de representantes de PNV, Izquierda Plural y del Grupo Mixto.
Su tramitación como proyecto de ley ha recibido 304 votos síes y 1 no. Durante la votación, diputados del grupo de Izquierda Plural han mostrado pancartas en las que se podía leer: "Rescatemos la Democracia", por lo que han sido amonestados hasta en dos ocasiones por el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.
Mientras que desde el Gobierno se ha defendido que el decreto es necesario para afianzar la recuperación económica que requiere de medidas "urgentes", la oposición ha criticado que modificaba cerca de 30 leyes sin debate, por lo que ha exigido su tramitación como proyecto de ley.
Durante la defensa del texto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saenz de Santamaría, ha pedido el apoyo de la oposición al decreto porque persigue que la recuperación llegue a todos los ciudadanos, y ha asegurado que no tener ningún problema en tramitarlo como proyecto de ley.
Ha lamentado que la oposición criticara su "forma" en vez de hablar de su "fondo" y ha recordado que se trata del decreto ley número 563 de la democracia, por lo que "no es un instrumento legislativo que se haya inventado este Gobierno".
La vicepresidenta ha defendido que las medidas que contiene no podían esperar los meses que duraría su tramitación parlamentaria como ley y ha apuntado que llega tras una primera generación de reformas sin las cuales España habría pedido "más pronto que tarde" el rescate y "otros habrían decidido nuestro futuro".
"Ahora lo tenemos -el futuro- en nuestras manos, en su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas para la recuperación", ha afirmado Saenz de Santamaría, quien ha advertido: "Hay trenes que pasan pocas veces y este tenemos que cogerlo".
Desde la oposición, la normativa y su tramitación han recibido calificativos como: "cacicada, espectáculo bochornoso, chapuza, corrupción democrática, barbaridad legislativa, desprecio al Parlamento, insulto a la oposición, hecho al dictado de empresarios afines, etc...".
Además, han denunciado que a los pocos días de entrar en vigor hayan tenido que corregirse cerca de 70 errores que contenía. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha asegurado que su grupo recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional por tratarse de una "barbaridad legislativa".
"Vamos a ir ante el Constitucional para decir basta ya al Gobierno. Creo que vamos a ir toda la oposición", ha afirmado. Rodríguez ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido el que más decretos ley ha aprobado por año, con una media de 28, frente a los 13 de José Luis Rodríguez Zapatero, los 16 de José María Aznar, los 9 de Felipe González y los 17 de Adolfo Suárez.
El diputado Pedro Azpiazu (PNV) ha dicho que se trata de un "decretón" que deteriora el papel y la función del Parlamento, mientras que Josep Sánchez Llibre ha acusado al Ejecutivo de "abusar de la mayoría absoluta" y de gobernar con "prepotencia y soberbia". Desde el grupo de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha asegurado que el decreto supone una "corrupción de la democracia que ha asestado un golpe definitivo a la división de poderes" .
Por el grupo de UPyD, Carlos Martínez ha advertido de que el Gobierno se niega a debatir las reformas contenidas en el decreto "para que la sociedad no se entere de lo que está tramando". Por el grupo mixto, la diputada de ERC Teresa Jordá ha acusado al Ejecutivo de "censurar la propia democracia" y "aniquilar el parlamentarismo", y Olaia Fernández (BNG) ha asegurado que el decreto ha sido elaborado al dictado de los poderes económicos y para favorecer a determinados grupos empresariales.