La Fiscalía Anticorrupción investiga las comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios, Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón, por la adquisición de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, en los primeros días tras el confinamiento de marzo de 2020.

Según publica 'eldiario.es', el hijo del duque de Feria se habría llevado una comisión de un millón de euros por poner en contacto a su amigo Alberto Luceño, empresario textil, con altos cargos del consistorio madrileño para realizar esta operación.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía siguen el rastro de seis millones de euros por dos contratos de 11 millones de euros por la compra de mascarillas y test de anticuerpos procedentes de China destinados al personal de emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

En las primeras semanas del confinamiento, coincidiendo con el peor momento de la pandemia de coronavirus, Luis Medina habría contactado con un alto cargo del consistorio que se encargaba de estas compras para hablarle de un amigo empresario que se dedicaba a importar material textil de Asia. Según el medio citado, esto fue lo que contó en una declaración ante el fiscal a principios de 2021 la persona que coordinaba la adquisición del material sanitario en su comparecencia como testigo.

Las compras de mascarillas, test de anticuerpos y guantes -que se acabaron devolviendo porque resultaron defectuosos- se realizaron a través de la empresa pública funeraria de Madrid, que sí podía adelantar el dinero público para garantizar los contratos, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.

Entre las adjudicaciones que se investigan, hay una de 6,6 millones de dólares que estaba destinada a comprar mascarillas FFP2 y KN95; otra de 4,8 millones para adquirir 250.000 test; y una última de 5 millones para comprar guantes, de los cuales se devolvieron 4 millones por devolver el producto al no reunir las características requeridas.

Almeida: "El Ayuntamiento ha prestado su colaboración desde el primer momento"

Desde el Ayuntamiento de Madrid manifiestan que son los "primeros interesados en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos". Por ello, aseguran se está "prestando la máxima colaboración con la justicia y se seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos".

Así lo ha trasladado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que ha manifestado que se ha "aportado toda la documentación solicitada" y que "una persona (del consistorio) compareció en calidad de testigo". Así las cosas, ha asegurado que "la Fiscalía no investiga a nadie que trabaje en el Ayuntamiento y que los contactos fueron aprobados por todos los grupos municipales con pleno conocimiento".

En la misma línea se ha pronunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha indicado que "lo que es objeto de investigación son las comisiones que se hayan podido pagar en el seno de la empresa". La dirigente de Ciudadanos también ha anunciado que la próxima semana se convocará un Consejo Extraordinario en la empresa funeraria pública.

Muy crítica con lo ocurrido se ha mostrado Rita Maestre, que ha señalado que esta es una "forma de gobierno" en la que "amigos, familiares y entornos de los dirigentes del Partido Popular no pierden ocasión a la hora de poner el cazo".