La Fiscalía Anticorrupción refuerza la tesis de que la llamada 'Operación Kitchen' se habría puesto en marcha "tanto por parte de dirigentes del Partido Popular en el Gobierno como desde la cúpula del Ministerio del Interior".

Así lo señala en su último escrito, al que ha tenido acceso laSexta, en el que apunta que así se desprende de los avances en la investigación sobre la trama de espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

Una tesis que queda reforzada tras la declaración de Francisco Martínez y del exministro Jorge Fernández Díaz, y que ya defendieron el pasado mes de septiembre los fiscales Anticorrupción.

Las diligencias practicadas, según apunta en su escrito el Ministerio Público, ponen de manifiesto cómo, entre 2013 y 2015, desde Interior se puso en marcha un dispositivo policial para averiguar dónde ocultaba el extesorero del PP "material documental comprometedor" para el partido y altos cargos del mismo, con el objetivo de sustraerlo y que la Justicia no tuviera acceso a él.

Con ese fin, el entonces DAO de la Policía, Eugenio Pino, habría encomendado a José Manuel Villarejo y los otros comisarios investigados, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo (jefe de Seguridad de Cospedal mientras fue presidenta de Castilla-La Mancha) y Enrique García Castaño, que captaran al chófer de Bárcenas para obtener información que les permitiera hacerse con la documentación comprometedora.

Ello, a cambio de "2.000 euros mensuales, más gastos y el regalo de una pistola, abonados con cargo a los fondos reservados", así como de facilidades para ingresar posteriormente en la Policía.

Los citados policías no solo habrían utilizado esos fondos reservados de forma ilegal, sino que, además, en el camino se habrían quedado con parte de esos fondos, según el escrito de la Fiscalía, que apunta que se propició "tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales".

Este escrito de Anticorrupción motivó las diligencias autorizadas la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para obtener más información sobre la citada pistola, el ordenador y los pagos que se habrían hecho con fondos reservados en los años en que existió la 'Operación Kitchen'.