La Junta de Andalucía ha respondido a la Comisión Europea sobre las advertencias que el organismo ha hecho a raíz dela proposición de Ley de PP y Vox que tramita el Parlamento autonómico para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva.

Asegura la Junta que la normativa que pretenden sacar adelante "no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que exige la protección del humedal"ni para la conservación del espacio natural de Doñana" porque el texto "deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta".

La carta llega unos días antes de que el consejero andaluz de Medioambiente se reúna el próximo 3 de mayo con el comisario de Medioambiente de la UE para explicar en qué consiste la propuesta del Gobierno de Andalucía y "para que la Comisión Europea haga las propuestas que considere oportunas", según ha indicado Juanma Moreno, presidente de la Junta, "sin ningún problema".

"Todos van a dar su opinión para llegar a un proyecto de ley que tenga el mayor consenso posible", ha afirmado Moreno, que defiende su plan pero se abre a posibles cambios y por ello van a preguntar a la Comisión "cuáles son los puntos en que no están de acuerdo" y poder "estudiarlos y modificarlos".

Lo cierto es que esta carta, firmada por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, llega en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que alertaba sobre la posible afecciónde la proposición de Ley al cumplimiento de la sentencia del TJUE.

Recuerdan desde el Gobierno andaluz que "la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimento de la sentencia", alegan que, en estos momentos, "se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria". En la tramitación parlamentaria, los grupos pueden presentar enmiendas para "enriquecer" el texto de la Ley, y estas deben ser votadas y aprobadas, así como el texto final de la normativa.

En la misiva, la Junta alega que la proposición de Ley, que persigue "dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva" desde la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en 2014, "no es una iniciativa del Gobierno Andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático".

La carta explica además que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014 es un "plan de ordenación del territorio" y su posible modificación "no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona". La proposición de Ley, reza el texto, "simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro", por lo que "no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos".

Culpan al Gobierno de Sánchez

El propio presidente de la Junta ha afirmado este viernes, en declaraciones a los medios, que el Gobierno "no ha querido sentarse en torno a una mesa de una manera seria y con un nivel alto y representativo, políticamente hablando, para poder hablar de cuál es la alternativa" a ese proyecto de ley que, sostiene, llevaba el PP en su programa electoral.

Lo que vemos es que no hay una actitud de voluntad por parte del Gobierno, sino una actitud electoralista", ha denunciado el presidente andaluz.

De este modo, el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla aprovecha la ocasión de la carta para señalar directamente al Gobierno de España. Aseguran que desde la Juta se ha propuesto "en reiteradas ocasiones", la creación de "comisiones técnicas bilaterales para trabajar conjuntamente para acabar con las amenazas actuales de Doñana y garantizar sus valores ecológicos para las próximas generaciones, compatibilizando el desarrollo sostenible del entorno del Espacio Natural de Doñana; así como para explicar las medidas de ambas Administraciones para el cumplimiento de la Sentencia".

"Además, se ha ofrecido la posibilidad de acudir conjuntamente a las instituciones europeas para explicar en detalle el objeto de la proposición de Ley, para dejar claro que no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia, ni para la conservación del espacio natural de Doñana", concluye el informe firmado por Borrallo.

Andalucía propone al Ejecutivo una delegación conjunta en Bruselas

La misiva remitida a la Comisión Europea adjunta a su vez otra carta que el presidente de la Junta habría remitido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Moreno propone a Ribera acordar una delegación conjunta para explicar la propuesta que la Junta de Andalucía pretende realizar en Doñana y que "no afecta al acuífero" tras subrayar que "la proposición de Ley no afecta a un solo centímetro cuadrado de todo el Espacio Natural de Doñana, ni Parque Nacional ni Natural, sino que se encuentra al norte de la Corona Forestal".

"Todo lo que rodea a Doñana merece un análisis en detalle y por eso los parlamentarios proponentes han puesto especial cuidado en la redacción del texto, contando no solo con expertos, personal que gestiona el Espacio Natural y funcionarios que realizan el seguimiento del Plan de la Corona Forestal, sino también escuchando a quienes viven en el territorio, que son los interesados en proteger su entorno y medio de vida", señala Juanma Moreno.