El diputado del Partido Popular por Cáceres Alberto Casero ha vuelto a equivocarse durante una votación en el Congreso de los Diputados. La cámara decidía este miércoles sobre una petición presentada por ERC, Más País y Bildu -y pactada con el PSOE- para crear una comisión que investigue la implicación del Gobierno de Mariano Rajoy en la llamada 'operación Cataluña', entramado con el supuesto objetivo de desprestigiar y perseguir a líderes independentistas catalanes.

La polémica ha vuelto a golpear entre las filas de los populares después de que Casero haya emitido un voto contrario al del resto de compañeros de partido, posicionándose a favor de poner en marcha esa comisión de investigación. Lo cierto es que este diputado extremeño ya se hizo conocido, y no hace mucho, por un error similar que, casualidades de la vida, resultó ser decisivo para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. A principios de este año, Casero votó por error a favor de la convalidación de la reforma laboral del Gobierno.

Un error que permitiódar luz verde a la norma laboral promulgada por la ministra Yolanda Díaz. Pero no es la primera vez ni la única razón que el nombre de este parlamentario está directamente vinculado con la polémica y la irregularidad. Precisamente, el PP recordaba este martes, un día después de que el juez propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra Casero por indicios de prevaricación, que antes del verano ya le abrió expediente informativo y que tomará más medidas si el juez le abre juicio oral, como recogen los Estatutos del partido.

Este lunes el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación contra Casero, propuso dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el dirigente al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. Se trata de un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.

¿Qué dicen los estatutos del PP?

El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.

Los Estatutos del PP señalan, en su artículo 16, que cometerán infracción "muy grave", entre otras, los que incurran "en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos" o ante "la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los presentes estatutos, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente".

Las infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años; inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo; o expulsión del partido, siendo la primera y la segunda no excluyentes entre sí. En caso de que se abriera juicio oral al diputado Casero, se prevé que el partido convierta el expediente informativo en disciplinario e inicie el proceso de tramitación del mismo en el Comité de Derechos y Garantías, con la designación de instructor y la presentación de alegaciones por parte del afectado.