Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron al expresident valenciano y exministro Eduardo Zaplana han descrito este miércoles en el juicio del caso Erial cómo este supuestamente gestionó en la sombra los fondos procedentes de las comisiones ilícitas obtenidas por la privatización de las ITV valencianas.

Según han explicado estos agentes, Zaplana disponía de bienes titulados por empresas constituidas con esos fondos, tenía capacidad de decisión sobre las inversiones en España de estas firmas y sobre operaciones inmobiliarias concretas, a pesar de no constar como administrador ni responsable en ningún caso.

En una conversación telefónica intervenida al testaferro confeso de Zaplana, Joaquín Barceló, los agentes supieron que había recibido una oferta por una parcela hotelera. "Pero no dio ninguna respuesta, dijo que la tenía que aceptar otro socio al que no nombra. Después se desplazó hasta La Fe, donde estaba Zaplana, y ahí se produjo una nueva llamada donde da su conformidad a la oferta", han detallado.

La octava sesión del juicio a Eduardo Zaplana por presuntas 'mordidas' en la adjudicación de las ITV valencianas y parques eólicos se ha iniciado con la declaración de tres agentes de la UCO, que han comparecido al mismo tiempo en calidad de peritos, como pedía el fiscal, pero con la oposición de las defensas.

El testaferro uruguayo dice que envió 2,3 millones en efectivo

También ha declarado el abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot, que ha asegurado que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo, a través de cambistas, a la secretaria personal de Zaplana, Mitsuoko Henríquez, en ocho años. "Una vez producida la operación -Zaplana- me llamaba y me decía que los documentos habían llegado, que estaba todo correcto", ha explicado al fiscal.

"El procedimiento no era muy ágil, se podía demorar un mes o dos, pero era la única forma de hacer llegar dinero 'vivo', que era lo que quería el señor Zaplana", ha detallado este letrado, uno de los testigos claves de la Fiscalía, puesto que entregó a la Justicia española 6,7 millones de euros que estaban depositados en Suiza titulados por una sociedad uruguaya y que eran propiedad, según ha asegurado, del exministro.