El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está más cerca que nunca de cerrarse. Según trasladan fuentes jurídicas conservadoras y progresistas a laSexta, PSOE y PP ultiman un acuerdo para renovar un organismo que lleva casi cuatro años caducado.

Según ha podido confirmar laSexta, Victoria Rosell no será vocal. Los dos candidatos de Unidas Podemos son el catedrático de derecho constitucional Joaquín Urías y Carlos Preciado, magistrado del TSJ de Cataluña.

Ambas partes han acabado haciendo cesiones y actualmente están acordando medidas para despolitizar la justicia. La Comisión de Ética Judicial del CGPJ recomendó en mayo de 2021 que el periodo de congelación para volver al juzgado después de ocupar un puesto político fuese de dos años, una medida que es muy bien acogida por la carrera.

Hoy mismo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha reconocido en un corrillo con periodistas que "nunca hemos estado tan cerca del acuerdo como ahora". Y ha añadido que prevén que él mismo y Feijóo lo cierren en una nueva reunión. Además, ha explicado que se va a incluir algún punto sobre que los miembros del CGPJ no hayan tenido antes cargos publicos y también temas referentes a la Fiscalía. Después, en su intervención pública desde Pretoria, Sudáfrica, Sánchez ha insistido en que "al llamamiento de cumplir las obligaciones constitucionales nadie puede fallar. El acuerdo está listo, está preparado. Solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada grupo parlamentario. El Gobierno dice sí de manera rotunda".

Menos optimistas se muestran en el PP. Fuentes del partido a laSexta aseguran que aunque hay avances en conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo. "No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional", matizan.

Así, fuentes conocedoras de las negociaciones destacan los "esfuerzos titánicos" que están realizando Feijóo y la dirección nacional del PP para cerrar el acuerdo y también las cesiones y gestos que ha hecho el Gobierno para no perjudicarlo. Citan por ejemplo el periodo de congelación aceptado para volver a ocupar un puesto de juez tras el paso por la política y la bajada del tono del presidente en el último debate en el Senado.

Además, señalan que el acuerdo está siendo muy bien acogido por la judicatura ya que lo esperan desde hace tiempo en el CGPJ y en el Supremo, conservadores y progresistas, las asociaciones judiciales. Un acuerdo que insisten sirve para acabar con el colapso en el nombramiento de altos cargos judiciales que afecta ya a uno de cada cuatro puestos.

Los partidos están cerrando la lista de vocales al CGPJ. Por los progresistas, los mejor situados serían Esther Erice (presidenta de la Audiencia Navarra), Mar Serna (Juzgado de lo Social número 23 de Barcelona y exconsejera de Trabajo de la Generalitat con José Montilla), José María Fernández Seijo (juzgado mercantil número 3 de Barcelona) y Ángel Arozamena (magistrado Sala Tercera del Supremo).

Por la parte conservadora, serían José Antonio Montero (Sala Tercera Supremo), José María Páez (del Juzgado Decano de Málaga) y Alejandro Abascal (magistrado de la Audiencia Nacional).