"Decenas de familias" registrarán este jueves en el Ayuntamiento de Madrid una petición para que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la Fiscalía General del Estado recurran la sentencia que exonera a la exalcaldesa Ana Botella y a su Junta de Gobierno de la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un 'fondo buitre', ha informado la PAH en un comunicado.

Los solicitantes están convocados en el Registro del Ayuntamiento de Madrid, en el número 1 de la calle Montalbán por la PAH y la Coordinadora de Vivienda. La petición se produce a la espera de que se confirme que el próximo 27 de septiembre, cuando se cumple el plazo acordado en el Pleno, la EMVS no recurrirá en casación ante el Supremo la exoneración.

Almeida declaró días atrás que no iba a desperdiciar dinero público en "venganzas estériles". Sus declaraciones se produjeron tras conocerse el despido de la directora jurídica de la EMVS. Fue el Pleno por mayoría, con los votos de Más Madrid, PSOE y Vox, el que aprobó que la empresa municipal recurriera para recuperar el daño a las arcas públicas.

Desde la PAH y el Movimiento de Vivienda de Madrid han cargado contra "esa fraudulenta venta que ha supuesto un perjuicio tanto económico como patrimonial para toda la ciudadanía y, en particular, para todas las familias adjudicatarias, a las que se les ha incrementado la renta de forma desproporcionada o directamente se ha rescindido su contrato".

Según ha informado la Coordinadora de Vivienda de Madrid en un comunicado, en el año 2013 fueron "enajenadas" 1.860 viviendas sociales de 18 promociones completas de vivienda protegida propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a las sociedades del grupo Blackstone.

En el mes de julio se conoció que el Tribunal de Cuentas revocó la condena a Botella y a los que fueran concejales en su equipo de gobierno por este venta, por lo que le piden al nuevo Ayuntamiento que lo recurra. Según los colectivos, se trata de un venta "fraudulenta" que ha supuesto un "perjuicio económico y patrimonial" para la ciudadanía y, en particular, para las familias adjudicatarias de dichas viviendas sociales.