La cuenta atrás empezó en realidad con su toma de posesión. "Le dijimos que esto se podía producir y se ha producido" ha explicado Alberto Garre, expresidente de Murcia, en Al Rojo Vivo.
La sombra del 'caso Auditorio' ya coleaba para el flamante presidente en 2015 pero se fue alargando con el paso de los meses en los juzgados.
"La obra a fecha de hoy es evidente que sigue sin estar acabada", dice Francisco Camino, exdecano del Colegio de Abogados. "Que la obra se queda corta, pues porque llegó la crisis". Son palabras textuales del hasta ahora presidente murciano.
Y por todo esto, Pedro Antonio Sánchez prometió lo que ya tenía comprometido con Ciudadanos en el pacto de investidura. "Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría", decía Sánchez.
Pero cuando llegó el momento, matizó. "Imputación formal", señalaba.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo había citado a declarar por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad y malversación. Y entonces dijo: "declarar para aclarar".
Pero más que aclarar, ahí comenzó su enrocamiento político. "Hay algún polític frustrado que ahí ve su única oportunidad", se defendía. Ciudadanos, que le sostenía en el poder, pedía abiertamente su dimisión.
Una situación política de extrema debilidad a que se le suma la trama Púnica.
Y el golpe definitivo, el juez Velasco le atribuye fraude y cohecho en un auto demoledor en el que argumentaba que llegó a apalabrar un contrato para limpiar su imagen en la red con cargo a las cuentas públicas.
"No hay nada de eso", niega Sánchez hasta el final.
Su permanente huida hacia adelante ha durado meses y ha terminado este martes. Acorralado en los juzgados y sólo políticamente, por fin ha dimitido.