Llegó, fue detenida, luego puesta en libertad provisional y, un día después, se marchó. La visita a España de la exconsellera Clara Ponsatí, acusada de un delito de desobediencia al facilitar el referéndum unilateral del 1-O en Cataluña, ha levantado nuevamente el interés por la situación judicial de los líderes políticos que huyeron a otros países antes de ser condenados por el 'procés' independentista; dirigentes que aún se mantienen alejados de las fronteras españolas pero cuyo regreso podría ser inminente.

Así lo apuntó la defensa de Ponsatí tras su regreso al país, donde estuvo seis horas detenida hasta que el juez Llarena ordenó su puesta en libertad provisional. En declaraciones al medio catalán 'RAC1', Jordi Cabré, miembro del equipo de letrados de la dirigente independentista, indicó que el intenso proceso que ha vivido su cliente en tan solo 24 horas en España podría servir como "banco de pruebas"para el regreso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Tanto si Llarena decide que lo sensato es llevarlo a prisión como otra cosa, lo que tengo muy claro es que este movimiento lo hará", declaró Cabré en el programa 'No ho sé' del medio radiofónico. Se abre así la puerta a que la situación que ha atravesado Ponsatí se repita en el corto plazo con Puigdemont y los otros líderes aún fuera de España; a recordar, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, en Bruselas como Puigdemont, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, actualmente en Suiza.

De momento, la Fiscalía ha decidido no recurrir la decisión del Supremo de procesar a Puigdemont únicamente por delitos de desobediencia y malversación, sin sumar el nuevo de desórdenes públicos agravados, tras la revisión efectuada por la última reforma penal. Como instructor del 'procés', Llarena tuvo que revisar el procesamiento de Puigdemont, así como de Comín, Puig, Ponsatí y Rovira, a raíz de la reforma del Código Penal (CP) que eliminó el delito de sedición, modificó el de malversación y creó uno de desórdenes públicos agravados.

Cabe recordar que el tribunal del 'procés' independentista, que también tuvo que revisar su sentencia a la luz de la nueva reforma penal, acordó condenar por desobediencia y malversación agravada a los líderes independentistas que habían sido condenados por sedición y malversación, descartando también los desórdenes públicos agravados. Así las cosas, la situación judicial de los políticos huidos de España por el proceso del 1-O queda de la siguiente manera:

  • Carles Puigdemont: En un auto de 71 páginas, Llarena respondía a la reforma del Código Penal manteniendo el procesamiento de Puigdemont por los delitos de malversación -que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación- e incluyendo el de desobediencia -que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años-. Al mismo tiempo, dejaba sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque sí decidió mantener la orden de busca y captura nacional.
  • Toni Comín: El caso del exconseller es similar al del expresident. A Comín también se le imputan los delitos de malversación y desobediencia, y al mismo tiempo quedó descartado el nuevo delito de desórdenes públicos agravados en su contra. También se acordó para él una nueva orden de busca y captura e ingreso en prisión por los mencionados delitos: malversación de caudales públicos y desobediencia, por los que mantiene ahora su procesamiento.
  • Lluís Puig: Como Puigdemont y Comín, Puig, el que fuera conseller de Cultura de la Generalitat se enfrenta a los delitos de desobediencia y de malversación agravada, que podría acarrearle al menos siete años de cárcel. También cuenta con una orden de busca y captura nacional, pero ha variado su estrategia de defensa respecto a la de Puigdemont y Comín, habiendo cambiado de abogado -ahora lo defiende el exconseller de Interior Miquel Sàmper- con el objetivo de "volver a casa".
  • Marta Rovira: En el caso de la secretaria general de ERC, se encuentra en una posición judicial más parecida a la de Ponsatí que a la de sus otros compañeros huidos. Tras la reforma del Código Penal, Rovira ha pasado de estar procesada por sedición a solo desobediencia. Días atrás, desde Ginebra, donde lleva cinco años, descartó su regreso inmediato. Aún tiene una orden de detención en España.