La Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Abogados Cristianos para anular el punto del plan de desescalada del Gobierno relativo a la prohibición de realizar celebraciones religiosas en el exterior.
La asociación pedía la suspensión de la aplicación que prohibía "utilizar el exterior de los edificios o la vía pública para la celebración de actos de culto".
La Abogacía del Estado alega en primer lugar la "posible inadmisibilidad por falta de legitimación de la entidad recurrente". Además, se opone a la medida cautelar solicitada por considerar que "no concurren los presupuestos para su adopción".
El Supremo recuerda que la suspensión de una disposición general "es una medida que sólo puede adoptarse de forma restrictiva, puesto que afecta a la integridad del ordenamiento jurídico, con la consiguiente mayor repercusión en los intereses generales".
"Ello es muy relevante en la situación de grave afectación de los intereses públicos ocasionada por la pandemia Covid-19, en la que se enmarcan las medidas de protección de la disposición recurrida", recoge la sentencia.
La respuesta de Abogados Cristianos
En caso de haberse aceptado medida pretendida por Abogados Cristianos, el Supremo subraya que "quedarían sin regulación o prevención alguna una serie de situaciones, como son las de culto religioso en las vías públicas que originan concentraciones sociales", en las que los riesgos de contagio "son sobradamente conocidos".
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha respondido en un comunicado que recurrirá esta decisión del Supremo "Lo único que busca el Gobierno con esta medida es continuar imponiendo su agenda laicista atacando directamente a los cristianos, a sus creencias y a sus costumbres", ha sentenciado Polonia Castellanos, presidenta de la asociación.
En este punto, Abogados Cristianos ha subrayado que con esta decisión, el Supremo "reconoce que las concentraciones suponen un riesgo para la salud, lo que implica admitir la letalidad de las concentraciones del 8-M".