El abogado de una acusación popular renuncia a la causa contra Begoña Gómez al convertirse en una "controversia política y mediática"

El abogado de Manos Limpias en la causa contra Begoña Gómez, Carlos Perales, renuncia a la defensa de la asociación al considerar que no responde a criterios jurídicos sino que se adentra en el terreno de la "controversia política y mediática".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el abogado ha señalado que, "lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

Añade que en el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar "cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

A su juicio, esta evolución es "legítima desde la óptica de la propia Asociación, que puede valorar la conveniencia de orientar sus actuaciones hacia un plano reivindicativo o mediático", pero desde la perspectiva de este despacho profesional resulta "incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos".

"No puede obviarse que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso", ha explicado.

De esta manera, apunta que "la utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar". De igual modo, recalca que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública".

"El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso", concluye.

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