Trump insiste y reclama al Supremo que le deje seguir expulsando a migrantes a El Salvador

El Gobierno de Donald Trump ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el que reclama que se levante el bloqueo temporal de emergencia que emitió este sábado prohibiendo las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador.

El recurso, firmado por el procurador general de EEUU, John Sauer, y que recoge EFE, solicita al Supremo permitir que se reanuden los vuelos de expulsión hacia el país centroamericano, así como que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.

Poco después de la medianoche del viernes, el Supremo respondió a un recurso de emergencia de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), pidiéndole que interviniera ante un "inminente" traslado de migrantes venezolanos a El Salvador desde un centro de detención en Texas. ACLU alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a los hombres sin darles un "tiempo razonable" para defender sus casos.

Por su parte, el presidente republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándoles de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como "terrorista".

Ola de críticas por la Ley de Enemigos Extranjeros

El uso por parte del Gobierno de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas, que hablan ya de una crisis constitucional.

Mientras, el recurso del Gobierno alega que la demanda de emergencia que ACLU presentó anoche fue "terriblemente prematura" porque "se saltó" a los tribunales de menor instancia. A su vez, alega que el Gobierno avisó a los migrantes con "antelación" antes de empezar el proceso para llevarlos a El Salvador, y señala que la administración se ha comprometido a no expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros.

Según detalló ACLU el viernes en documentos judiciales -y confirmó este sábado el Gobierno- los oficiales del centro de detención Bluebonnet en Texas le entregaron a los migrantes venezolanos un documento informándoles que serían expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, la organización denunció que la notificación estaba escrita en inglés, y que varios de sus clientes solo hablan español.

El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

En total, EEUU ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándoles de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal 'Bloomberg', un 90% de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tiene antecedentes penales en territorio estadounidense.

Un juez conservador del Supremo ve "cuestionable" la paralización de las expulsiones

Mientras, Samuel Alito, magistrado conservador del Tribunal Supremo estadounidense, considera que la paralización de las expulsiones de migrantes basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros es "cuestionable y sin precedentes".

Este juez, que se opuso a dicha suspensión junto a Clarence Thomas, también conservador, ha puesto en duda que la apelación que llevó al veredicto emitido contra dicha orden siguiera los procedimientos correctos.

"No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en estas circunstancias, dar una orden a medianoche fuera necesario o apropiado", ha escrito Alito en una opinión respaldada por Thomas que va en contra de la mostrada por los otros siete magistrados de la corte.

El juez se opuso a conceder "un alivio sin precedentes y legalmente cuestionable sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de decidir, sin escuchar a la parte contraria, dentro de las ocho horas de recibir la solicitud, con un dudoso respaldo fáctico para su orden y sin proporcionar ninguna explicación de su orden".