El Gobierno de Donald Trump dejará sin protección migratoria a 195.000 salvadoreños a partir de septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado EEUU si no han obtenido otra vía de regularización pese a que la mayoría vive en el país desde hace al menos 20 años.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001 a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año.
El Gobierno justifica la decisión en que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los seísmos, la razón por la que se concedió esta protección a 263.282 salvadoreños en 2001, una cifra que ha ido decreciendo hasta los 195.000 actuales.
El ministro de Exteriores salvadoreño, Hugo Martínez, explicó que la cifra de 263.282 ofrecida por EEUU era la de los inscritos cuando se otorgó el permiso y que ha ido decreciendo a medida que algunos lo han perdido o han obtenido otro estatus.
El ministro, que ofreció una teleconferencia desde El Salvador a la prensa en Washington, anunció que su Gobierno trabajará ahora para conseguir que el Congreso de EEUU apruebe una ley que dé protección permanente a estos salvadoreños "antes de marzo de 2019".
Al mismo tiempo, el Gobierno salvadoreño preparará las condiciones para la vuelta de sus nacionales emigrados con programas de empleos y reinserción escolar, aunque su objetivo, insistió el canciller, es que los salvadoreños con TPS puedan quedarse en EEUU.
Preguntado por su estimación de cuántos de los 195.000 podrán regularizar su situación por otra vía, el ministro prefirió "no adelantar porcentajes al respecto". Martínez trató de dar la vuelta a la dura medida tomada por EEUU al presentarla no como una cancelación sino como "una prórroga de 18 meses".
Sin embargo, el DHS dejó claro en su anuncio que con este paso pone fin al TPS al considerar que ya no existen las condiciones de su concesión (los daños de los seísmos) y que El Salvador ya está preparado para acoger a sus nacionales emigrados.
Además, indicó que el plazo de 18 meses trata simplemente de dar un margen para que los afectados puedan tratar de regularizar su situación por otra vía o preparar su vuelta a un país en el que la mayoría no vive hace al menos 20 años.