Downing Street ha confirmado el nombramiento de Javid, quien hasta ahora era ministro de Comunidades y Gobierno Local y quien lideró en el pasado los ministerios de Cultura y Empresa bajo gobierno de David Cameron.
Por otra parte, la oficina de May ha señalado que la cartera que abandona Javid será ahora encabezada por James Brokenshire, quien fue secretario para Irlanda del Norte hasta su dimisión en enero para recibir tratamiento médico a causa de un tumor en un pulmón, si bien la operación fue exitosa y se ha recuperado desde entonces.
El nombramiento de Javid, de 48 años e hijo de un hombre paquistaní que emigró a Reino Unido en los sesenta, ha llegado menos de 12 horas después de que Rudd telefoneara a May para informarle de su decisión de renunciar al cargo tras las críticas y peticiones de dimisión de la oposición.
Horas antes, el diario británico 'The Guardian' publicó una carta en la que Rudd informaba a la primera ministra de su intención de deportar un 10 % más de inmigrantes ilegales "en los próximos años", un objetivo "ambicioso pero alcanzable".
La polémica estalló hace dos semanas por el maltrato institucional a los inmigrantes afrocaribeños que llegaron al país tras la Segunda Guerra Mundial para cubrir la demanda laboral del país y a los que las sucesivas normas migratorias han ido castigando hasta prácticamente no reconocerles ningún derecho.
Conocidos como la generación 'Windrush', llegaron a Reino Unido entre 1948 y 1973 procedentes de las colonias británicas en el Caribe para trabajar. El Gobierno ya se ha disculpado por su situación y ha prometido compensaciones.
La gota que colmó el vaso fue la publicación de la carta en 'The Guardian' poco después de que Rudd asegurara que no había cuotas ni objetivos de deportación. La cuestión, denuncia la portavoz laborista de Interior, Diane Abbott, es si mintió al Parlamento cuando dijo que no existían estas cuotas. "Amber Rudd conocía los objetivos que dijo que no existían.
Es el momento de que Rudd se vaya", afirmó. El conocido como Código Ministerial obliga a dimitir a cualquier ministro que mienta al Parlamento.