El Gobierno de Trump llegó a un pacto en junio con Defense
Distributed para permitirles volver a distribuir las
instrucciones de impresión a través de internet, tal y como hizo en 2013 antes
de que su actividad fuera bloqueada.
Uno de los grupos que ha presionado en las últimas semanas
para que imprimir armas 3D en casa no sea legal ha sido el Centro Brady para
Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego.
Su director legal, Jonathan Lowy, señaló que los
principales problemas de estas armas son que no tienen número de serie, por lo
que son "imposibles de rastrear" y que son de plástico, es decir,
"indetectables" para los localizadores de metales de aeropuertos y
edificios.
"Es obvio que dejar a cualquier persona -terroristas,
maltratadores domésticos y gente inestable mentalmente- que descargue e imprima
armas es muy peligroso y perturbador", sentenció Lowy.
"Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales", criticó Bob Ferguson, fiscal de Washington, en su querella conjunta con otros responsables judiciales estatales.
En medio de la controversia, Trump ha considerado que
"no tiene mucho sentido" que poder imprimir armas 3D en casa esté a
punto de convertirse en realidad, a pesar de que ha sido su Administración la
que lo ha permitido.