Joseph Wood, un reo en el estado de Arizona condenado a pena de muerte por un doble asesinato, ha fallecido casi dos horas después de recibir la inyección letal. Este hecho promete reabrir el debate sobre el castigo capital en EE.UU.
Sus abogados han tratado de detener la ejecución en una petición de emergencia en la que alegaron que su cliente había estado agonizando durante más de una hora.
El fiscal general del Estado ha declarado muerto a Wood antes de que el tribunal se pronunciara sobre la petición de sus letrados. El suceso llega tras la polémica ejecución el 29 de abril del preso Clayton Lockett en Oklahoma, que se alargó cuarenta minutos tras la inyección letal, lo que prolongó el sufrimiento del reo, que acabó muriendo de un ataque cardíaco.
Los problemas surgidos durante la ejecución de Lockett generaron una gran polémica nacional y llevaron al presidente Barack Obama a pedir al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de los métodos con los que se aplica esa sentencia.
Las autoridades del estado de Arizona han insistido en que Wood estaba en coma durante el procedimiento y no ha sufrido dolores. "Puedo asegurarles que roncaba", afirmó, portavoz del fiscal de Arizona que estuvo presente durante la ejecución.
Por el contrario, la organización Unión de Libertades Civiles de EE.UU., ha denunciado que "Joseph Wood sufrió un castigo cruel e inusual cuando aparentemente se le dejó consciente mucho después de que se le administrase" la inyección letal. "Ha llegado el momento de que Arizona y los otros estados que todavía usan la inyección letal admitan que este experimento con fármacos poco fiables es un fracaso", ha destacado la organización. Además, dicha organización ha pedido detener todas las ejecuciones hasta que exista la certeza de que los fármacos funcionan.
Los abogados del preso han presentado varias apelaciones que finalmente han sido denegadas con el objetivo de detener la ejecución. Una de ellas sostenía que se habían violado los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución cuando el estado de Arizona se negó a revelar detalles de la ejecución, incluido el nombre de los proveedores de la combinación letal.