El presidente tunecino, Kais Said, ha anunciado por sorpresa el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión del Parlamento, así como la retirada con efecto inmediato de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad", según ha afirmado Said.

"La Constitución no me da la posibilidad de disolver el Parlamento, pero no me impide suspenderlo", ha declarado el presidente de Túnez tras una reunión urgente con altos cargos del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, Said ha asegurado haber hecho uso del artículo 80 de la Constitución, que recoge que "en caso de peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país y entrabe el funcionamiento regular de los poderes públicos, el presidente de la República puede tomar las medida necesarias por las circunstancias excepcionales tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento".

Según este texto, el objetivo es garantizar el regreso a un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible" mientras que el Tribunal Constitucional, pendiente de creación desde 2015, debe supervisar dicho proceso y tomar la decisión con respecto a su extensión.

Miles de tunecinos protestaron contra la clase política

El cese del primer ministro se ha producido horas después de que miles de manifestantes tunecinos hayan salido a la calles en media docena de ciudades para protestar contra la clase política, principalmente el partido islamista Ennahda, primera fuerza parlamentaria y socio del Gobierno, tras reclamar millonarias indemnizaciones para las víctimas de la dictadura.

Bajo el lema 'Viva Túnez, sin Mechichi ni Ghannouchi', en referencia al primer ministro, Hichem Mechichi, y al presidente de la Asamblea y líder de Ennahda, Rached Ghannouchi, los manifestantes reclamaron la dimisión del Gobierno y la disolución del hemiciclo por su mala gestión de la crisis sanitaria y por el deterioro de las condiciones de vida.

Pese a las restricciones sanitarias y los cordones policiales para impedir el acceso a la capital, los manifestantes se dieron cita frente al Parlamento, escenario de enfrentamientos entre grupos de jóvenes y fuerzas de seguridad, que hicieron uso de gases lacrimógenos para su dispersión.

En varias localidades, como Kairouan (centro), Sfax (centro-este) y Tozeur (suroeste), los protestantes atacaron las sedes regionales del partido, levantaron barricadas y llevaron a cabo quemas de neumáticos en las inmediaciones.

La formación conservadora condenó en un comunicado los ataques perpetrados por "grupos anarquistas que apenas logran convencer a la opinión pública de sus elecciones populistas", y les acusó de sabotear el proceso democrático con el fin de preparar el regreso a la dictadura.

Como parte de la transición democrática, la Instancia para la Verdad y la Dignidad (IVD), que investigó la corrupción y las violaciones de los derechos humanos durante las últimas seis décadas, anunció en 2014 la creación de los fondos 'Al Karama' ("dignidad" en árabe) para indemnizar económicamente a las 10.000 víctimas reconocidas, en su mayoría militantes islamistas.

A principios de julio de 2021, el presidente del consejo de la Shura, máximo órgano directivo de Ennahda, Abdelkarim Harouni, reclamó al Ejecutivo desbloquear dichos fondos, que suponen, según la prensa local, cerca de 900 millones de euros y dio como fecha límite el 25 de julio.

Algunos partidos de la oposición, como el panarabista 'Echaab' (Pueblo), denunciaron el "chantaje" de Ennahda al Gobierno para ofrecer su apoyo parlamentario a cambio del pago de estas indemnizaciones.

El movimiento del 25 de julio, que coincide con el 62º aniversario de la República, se define apolítico y desde hace varias semanas llama a manifestarse en las redes sociales para exigir una serie de demandas, entre las que destaca celebrar elecciones anticipadas, revisar la Constitución de 2014 o retirar la inmunidad parlamentaria a aquellos diputados con causas judiciales pendientes.

Desde comienzos de año, el país magrebí vive un bloqueo institucional, después de que el Parlamento apoyara la remodelación del Ejecutivo, con cambios en 11 de sus 25 carteras, y de que el presidente, Kais Said, se negara a aceptarla al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses que planean sobre algunos de los nuevos miembros.

La grave crisis económica que arrastra el país en los últimos años, agravada por la epidemia, ha obligado al Gobierno tunecino a pedir ayuda a la comunidad internacional ante la falta de vacunas y de equipos médicos para hacer frente a esta cuarta ola de coronavirus, que suma ya más de 18.000 víctimas, la tasa más alta de mortalidad del continente, según la Organización Mundial de la Salud.