El destituido presidente peruano Pedro Castillo ha sido conducido hasta el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Tras permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido el miércoles en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

Investigación de la Fiscalía por los delitos de rebelión y conspiración

La Fiscalía de la Nación (general) de Perú dispuso el miércoles la apertura de diligencias preliminares contra el expresidente por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un "gobierno de emergencia" en su país.

El Ministerio Público informó de que la investigación también se extiende a "la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado".

Pedro Castillo puso fin este miércoles a su turbulento mandato al dictar un extemporáneo cierre del Congreso, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado, horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.

Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo comenzó la jornada con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.

"Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo el todavía mandatario.

En el mismo mensaje, pidió "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses". También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de esta misma noche y una "reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)".

Su Gobierno le da la espalda

Minutos después de su mensaje, su propio Gobierno le dio la espalda.

El primero fue el entonces canciller, César Landa, quien presentó su renuncia y pidió ayuda a la comunidad internacional para frenar las intenciones de Castillo. "En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución", escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al re-encauzamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo".

Tras la cadena de renuncias de ministros, la vicepresidenta y nueva jefa del Estado, Dina Boluarte, denunció en sus redes sociales que el movimiento de Castillo era un golpe de Estado.

El Congreso destituye a Castillo

Lejos de amedrentarse, el Congreso cerró las puertas del Palacio Legislativo y, ante la impasividad de policías y militares que nunca abandonaron sus cuarteles o comisarías, adelantó el voto de la moción de vacancia (destitución).

Los congresistas coincidieron al calificar como un golpe de Estado la decisión de Castillo y modificaron la idea inicial de la moción de vacancia por "permanente incapacidad moral", debido a las diferentes investigaciones abiertas contra Castillo por corrupción, a señalarlo directamente por golpe de Estado.

En esas circunstancias, 101 de los 130 congresistas han votado a favor de destituir a Castillo que, en paralelo, abandonó casi en secreto y por la puerta de atrás el Palacio de Gobierno.

La primera presidenta del país

Tras la contundente votación, Castillo ha sido detenido en un confuso hecho que circuló ampliamente por las redes sociales. Rodeado por su escolta presidencial, se hizo público que había sido destituido y, según pudo conocer poco después EFE, los policías que lo resguardan lo detuvieron y lo trasladaron a la prefectura de Lima.

Por ahora se desconocen las acusaciones que pesan sobre él, pero el artículo 117 de la Constitución, tras el que se ha amparado otras veces, dice que el presidente en ejercicio solo puede ser acusado por cuatro causas: "Traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".

Mientras se desconoce el futuro de Castillo, Boluarte ha acudido al Congreso para jurar como la primera presidenta de Perú en 200 años de historia republicana.

Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, ha jurado "por Dios, la patria y la Constitución" y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Ha añadido que entre sus compromisos estará "defender" la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país.

"Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros", ha sostenido antes de afirmar que "se ha producido un intento de golpe de Estado promovido" por Castillo.