El texto prevé una sanción económica de 2.000 shekels (unos 468 euros) para quien pague por servicios sexuales. En caso de reincidencia se estipula una multa de 4.000 shekels y prevé un máximo de 75.300 shekels las situaciones que considere adecuada la Fiscalía.
Como alternativa a la multa, se podrá hacer un curso de concienciación sobre los daños que sufren las trabajadoras sexuales y evitar que se repita esta conducta, informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.
La polémica se ha generado porque la norma considera que cualquier persona que se sorprendida en un lugar destinado a ejercer la prositución está considerada automáticamente como sospechosa de intentar iniciar relaciones sexuales a cambio de dinero.
La normativa ha sido propuesta por la ministra de Justicia, la ultraconservadora Ayelet Shaked, la diputada Shuli Mualem, ambas del recién creado Nuevo Paritdo de la Derecha, y la diputada de Yesh Atid Aliza Lavie.