"Ya es hora de reconsiderar las graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres de la legislación sobre el aborto y su aplicación en El Salvador y de dar la protección legal que todas las mujeres merecen", ha dicho el grupo de expertos de la ONU.
Se han basado en el caso de Beatriz, que el pasado mes de mayo acudió a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de El Salvador para solicitar un amparo constitucional que le permitiera abortar, para proteger sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.
Sus abogados pretendían que el alto tribunal avalara una intervención médica para interrumpir la gestación, teniendo en cuenta varias complicaciones de salud que amenazan la vida de Beatriz y que el feto, al carecer de cerebro, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del vientre materno.
Sin embargo, los magistrados del CSJ le denegaron el amparo constitucional recordando que en El Salvador está prohibido el aborto terapéutico, ya que otorga protección a la persona humana "desde el instante de la concepción".
"Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobres los del 'nasciturus', ni viceversa", dijeron.
En respuesta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH, urgió a "adoptar y garantizar, de manera urgente, todas las medidas necesarias" para "evitar daños irreparables a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud" de Beatriz.
Finalmente, el Gobierno autorizó un parto inducido que se llevó a cabo mediante una cesárea. La bebé, que pesó 500 gramos, tan solo sobrevivió cinco horas fuera del vientre materno.
"El fallo de la CSJ expuso la salud física y mental de Beatriz a un grave riesgo que eventualmente podría amenazar su vida", ha dicho el los expertos de la ONU.
Además, han indicado que "contravino claramente las obligaciones contraídas por El Salvador en materia de Derechos Humanos" a través de la firma del Convenio Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales.
"Una absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano, degradante o cruel", han subrayado.
No obstante, han celebrado la decisión del Gobierno de autorizar el parto inducido y han expresado su confianza en que el equipo médico que practicó la cesárea a Beatriz no sea sancionado por ello.