El aspecto central del acuerdo reside en el carácter voluntario y digno del retorno, que ocurrirá solo cuando las condiciones de vida y seguridad lo permitan.
Más de 670.000 rohinyás, una minoría de confesión musulmana establecida en Birmania, huyeron desde el pasado agosto de sus áreas de residencia, en el noroeste del país, tras sufrir una ola de persecución y violencia que la ONU equiparó a un intento de "limpieza étnica".
Bangladesh ya acogía a 200.000 refugiados rohinyás, huidos de anteriores episodios de violencia.
La ACNUR felicitó a Bangladesh por la hospitalidad, protección y asistencia que presta a esos refugiados, y le dio las gracias por ello.
Pese a los esfuerzos del organismo de la ONU para que en el acuerdo también participase Birmania, como país de origen de los refugiados y futuro lugar de retorno, esto no ha sido posible.
Birmania y Bangladesh llegaron el pasado noviembre a un acuerdo bilateral de repatriación de los refugiados rohinyás, que preveía el inicio de este proceso dos meses después, plazo que no se ha cumplido por la falta de garantías para quienes quisiesen regresar.
Uno de los puntos que más críticas levantó fue la condición que impuso Birmania de que los rohinyás que quisiesen retornar debían presentar documentos oficiales de identidad.
Los rohinyás son una minoría históricamente segregada en Birmania, de aplastante mayoría budista, a la que se le ha negado siempre la nacionalidad y que, por tanto, son apátridas.
Las garantías de seguridad tampoco existen, en particular por los obstáculos que ponen las autoridades birmanas al acceso de organizaciones humanitarias internacionales que puedan evaluar independientemente la situación en las zonas de origen de los rohinyás.
Por estas razones, la ACNUR mantiene conversaciones y coordina por separado con ambos países.
El organismo, que hace posible el funcionamiento de los numerosos campamentos de refugiados que acogen a cientos de miles de rohinyás en Bangladesh, confirmó hoy que siguen sin reunirse las condiciones para el retorno y que la responsabilidad de ello recae en las autoridades birmanas.
Esas condiciones, agregó, no solo deben ser físicas, infraestructuras de acogida, sino que debe darse una solución al estatus legal de los rohinyas, que se les reconozca la nacionalidad, se respeten sus derechos básicos.
También se ha pedido que se devuelva la libertad de movimiento a los rohinyás que se han trasladado como desplazados internos a centros urbanos del estado birmano de Rakáin, donde vivían.
Medidas de ese tipo ayudarían a creer en la voluntad del Gobierno birmano de dar una solución definitiva a la problemática de los rohinyás, opinó la ACNUR.