Las deportaciones a Rusia de refugiados llegados a Noruega por el Ártico han generado controversia en este país y críticas de organismos internacionales.
La vía para estas deportaciones la abrió el Gobierno, que aprobó (con el apoyo del opositor Partido Laborista) un endurecimiento de las leyes de asilo para frenar la oleada de refugiados.
La nueva normativa, que permite devolver a Rusia a quienes tengan permiso de residencia o visado en ese país sin considerar su solicitud de asilo, empezó a aplicarse a finales del otoño pasado en Noruega, pese a las críticas de ACNUR.
Así fueron deportadas unas doscientas personas a Múrmansk (Rusia), que regresaron en bicicleta al lugar desde donde habían llegado semanas antes, por la prohibición rusa de pasar la zona fronteriza a pie y porque las autoridades noruegas detienen y acusan de tráfico de personas a quienes transportan refugiados en automóvil.
La llegada del invierno, con temperaturas de hasta 20 y 30 grados bajo cero en la zona, y el plazo de medio año para las deportaciones acordado con Rusia han obligado a usar otro medio de transporte y a agilizar las expulsiones, lo que ha aumentado la polémica.
La Policía expulsó a trece personas el 20 de enero, pero los dos días siguientes tuvo que suspender las deportaciones, alegando primero retrasos en los trámites burocráticos y luego problemas de capacidad en las instalaciones rusas para refugiados.
Varias personas lograron escaparse del centro de acogida de Kirkenes (Noruega, ayudados por la asociación 'Refugiados, bienvenidos al Ártico', tres de cuyos miembros han sido multados por las autoridades.
En la lista para ser expulsados figuran familias con niños, entre ellos una niña autista de cinco años y un bebé de 18 meses, denunció esta organización, que tras difundir algunos casos ha conseguido que las autoridades accedan a revisar sus solicitudes de asilo.
"Algo está muy mal, la gente está desesperada. Huyen de Kirkenes para evitar ser enviados de vuelta a Rusia", declaró Olav Øygard, obispo de la diócesis de Nord-Hålogaland.
Para evitar más incidentes la Policía detuvo a las 82 personas que permanecen en el centro de Kirkenes para su expulsión inmediata, lo que obliga a deportarlas antes de 72 horas o dejarlas en libertad.
"Tenemos un plazo vinculado al acuerdo de deportación que hace que debamos mantener un ritmo alto de envíos. Lo principal es que las autoridades de extranjería estiman que es seguro volver a Rusia", dijo el secretario de Estado de Justicia, Jøran Kallmyr.