Francia vive su segunda jornada consecutiva de huelga en los ferrocarriles, de nuevo con muy pocos trenes en servicio y los consecuentes problemas de transporte para millones de personas que ponen más presión al pulso entre los sindicatos convocantes y el Gobierno.
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles indicó que a causa del paro su programa de servicio para hoy es casi idéntico al del primer día, con un pequeño aumento en el número de trenes de alta velocidad, ya que de media circulan uno de cada siete en lugar de uno de cada ocho.
Por lo demás, se mantiene la misma proporción en el resto, es decir uno de cada ocho en los otros trenes de largo recorrido, uno de cada cinco regionales y cercanías y las tres cuartas partes de los internacionales.
Sin embargo, en los internacionales las diferencias entre unas y otras líneas son muy notables, ya que por segundo día consecutivo se han cancelado todos los trenes que conectan con España, lo que significa los que van de Barcelona a París, Lyon y Toulouse, el Madrid-Marsella, así como los de sentido inverso, con Suiza y con Italia.
Frente a eso, funcionan de forma "casi normal" los Thalys de París a destinos en Bélgica y Holanda, hay tres de cada cuatro Eurostar a Londres y uno de cada tres convoyes en dirección a Alemania.
Ante la imposibilidad de recurrir a los ferrocarriles, muchas más personas de lo habitual se han decantado por el coche particular y la consecuencia visible esta mañana eran los casi 400 kilómetros de atascos en los accesos de París poco después de las 8.00 locales, indicó el Centro Nacional de Información Vial.
La posición del Gobierno ante estas protestas es que tiene intención de mantener su reforma del ferrocarril, que pretende adaptar la SNCF a la apertura de la competencia que viene dictada por la Unión Europea y atajar la escalada continua de la deuda de la compañía estatal, que era de 46.600 millones de euros al terminar 2017.
El secretario de Estado de la Cohesión Territorial, Julien Denormandie, reiteró hoy, en una entrevista al canal "BFMTV", el argumento de que el objetivo es "un buen servicio público que ahora no es de calidad suficiente", para lo cual se van a invertir 36.000 millones de euros en la renovación.
Y sobre todo, insistió en que la empresa no se va a privatizar, sino que se va a transformar en "una sociedad nacional de capital público", en que no se cerrarán líneas deficitarias y en que el estatuto específico de sus empleados solo desaparecerá para los nuevos contratos.
Los sindicatos, y en particular el primero de la empresa, la Confederación General del Trabajo quieren una revisión total de esa reforma.