La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha declarado inconstitucional este martes "criminalizar el aborto de manera absoluta", según ha indicado el órgano judicial a través de un comunicado.

La Corte ha invalidado así un artículo del Código Penal del estado mexicano de Coahuila que castigaba con penas de prisión de uno a tres años a las mujeres que interrumpieran voluntariamente su embarazo y a quienes les practicaran abortos con su consentimiento, por vulnerar el derecho de las mujeres a decidir.

La histórica sentencia, adoptada por unanimidad de sus 10 miembros, supone que, por primera vez, el Alto Tribunal mexicano se pronuncia "a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales", de acuerdo con la nota. Un precedente jurídico que a partir de ahora obliga a todos los jueces del país.

"A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad", ha afirmado en este sentido el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo", ha sentenciado por su parte Luis María Aguilar, autor del proyecto.

"El asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego", ha sostenido por su parte la magistrada Margarita Ríos-Farjat, que se ha pronunciado "en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión", apuntando que en México se practican entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos al año.

Actualmente, el aborto solo está despenalizado en cuatro estados del país latinoamericano: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, donde se permite la interrupción legal del embarazo, con una ley de plazos hasta la semana 12 de gestación. Por tanto, la decisión judicial afecta directamente a los otros 28 estados.

La sentencia ha sido acogida con conmoción por parte de los grupos antiabortistas que se concentraban frente a la sede del tribunal, mientras que los colectivos feministas han celebrado el histórico fallo a través de las redes sociales.