Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno al acuerdo alcanzado con Hungría y Polonia para que levanten su veto al presupuesto comunitario y el fondo de recuperación, desbloqueando así los 1,8 billones de euros del fondo anticrisis para los próximos años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia del desbloqueo de estos fondos. Una "extraordinaria noticia" para España y para Europa según el presidente que ha recordado que España ya abogaba por un 'plan Marshall' cuando empezó la pandemia. "Todos los países europeos nos vamos a endeudar a través de la CE. España contará con recursos equivalentes a 140.000 millones de euros", ha destacado.
Una buena noticia para la que el presidente del Gobierno dice que ya estaban preparados, recordando la reciente aprobación en el Congreso de los nuevos Presupuestos Generales. Sánchez ha querido de esta forma insistir en son unos Presupuestos de protección social, reforzamiento de políticas públicas y de protección de sectores competitivos que como consecuencia del cierre por la pandemia se han visto resentidos. Así, los primeros 27.000 millones de euros que lleguen serán destinados a la "modernización de nuestro país".
En la misma línea, ha celebrado que "una vez más, cooperamos y acordamos en Bruselas por el bien común de nuestros países. Es el mejor camino para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y avanzar en la reconstrucción".
"Europa avanza", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegurando que este fondo permitirá impulsar la recuperación de Europa y "construir una UE más resistente, ecológica y digital".
También el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha compartido un mensaje en Twitter festejando el acuerdo. "Acuerdo sobre el paquete presupuestario y el fondo de recuperación. Ahora podemos empezar a aplicarlo y a reconstruir nuestras economías".
En concreto, los líderes europeos han dado 'luz verde' al documento que había sido pactado previamente por Alemania, como presidencia de la UE, con Hungría y Polonia y que da garantías a estos dos países de que el nuevo sistema para condicionar el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para presionarles en otros campos, como la política migratoria.
En concreto, el texto garantiza que este mecanismo busca únicamente "proteger el presupuesto europeo y el fondo de recuperación de cualquier tipo de "fraude, corrupción o conflicto de interés" y también garantiza que su aplicación será "imparcial" y "no discriminatoria".
Los socios comunitarios han pactado que esta condicionalidad no se aplicará hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) se haya pronunciado sobre la legalidad del mismo si Budapest o Varsovia deciden llevar el reglamento ante la Justicia comunitaria. En la práctica, esto supone que no se podrán suspender pagos a países que violan los principios fundamentales del bloque hasta dentro de al menos dos años.