Keith Henderson, que lucha desde hace 20 años en los tribunales canadienses contra el separatismo de Quebec para que se respete la Constitución del país, considera que Canadá debería haber seguido el ejemplo español con respecto a Cataluña.
Henderson, que entre 1994 y 2012 fue líder del Equality Party de Quebec, compara "la pasividad" del Gobierno canadiense en 1995 y tras la aprobación por parte del Quebec en 2000 de la Ley 99, con las acciones de las autoridades españolas y acusa a Ottawa de "cobardía". "A diferencia del Gobierno canadiense, el español ha respaldado las leyes y dijo a los separatistas de Cataluña que no podían actuar de esa forma porque la ley lo prohibía. Es lo que tenía que haber hecho Canadá tan pronto como la Ley 99 fue aprobada", dice Henderson.
Además, Henderson se queja de haber tenido que pagar "20 años de tribunales" de su bolsillo y considera que la crisis de Caraluña está debilitando el apoyo al separatismo quebequés. "La situación en Cataluña ha ayudado mucho porque muestra que la independencia no es tan sencilla. Esa actitud de que no es tan simple se ha asentado en Quebec", explica el federalista canadiense.
Henderson recuerda cómo durante la campaña del referéndum independentista de Quebec de 1995, el movimiento separatista repetía que la comunidad internacional aceptaría un Quebec independiente tan pronto como ganasen el voto. "No era así. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, no estaba interesado en un Quebec independiente. Lo mismo Europa. Ese mensaje ha calado en la mayoría de los quebequeses", señala Henderson, que considera esa falta de apetito internacional una de las claves de la caída del apoyo electoral al separatismo en Quebec.
Las otras dos razones que ofrece Henderson son la aclaración que supuso la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 sobre la declaración unilateral de independencia y el coste de la separación. "Hay separatistas a los que no les importa nada el costo. Quieren su propio país a cualquier precio. Pero muchos más son moderados que no aceptan esos costes", resalta.
"En los últimos 20 años, han visto cómo las sedes de empresas se trasladaron a Toronto o cómo esta ciudad atrae más emigrantes que Montreal. El coste ha sido elevado y se dan cuenta", subraya.
Henderson considera "un error" que los independentistas catalanes pongan a Quebec como ejemplo de su referéndum: "En Canadá, los referéndum de 1980 y 1995 se realizaron fuera del marco legal. Y esto es importante porque en España los tribunales ya habían sentenciado que los intentos de separar a Cataluña de España eran ilegales de acuerdo a la Constitución", reflexiona.
La lucha de Henderson desde 1994
Durante los preparativos para el referéndum independentista de 1995, Henderson recurrió al entonces primer ministro de Canadá, el liberal Jean Chrétien. "Creíamos que el referéndum era ilegal y anticonstitucional, pero como no existía un marco legal, le solicitamos (a Chrétien) que consultase al Tribunal Supremo. Su respuesta fue que no era una cuestión legal sino política y que no acudiría al Supremo".
Tras la ajustada derrota de los separatistas en el referendo, que obtuvieron el 49,42 % de los votos en favor de la independencia, "Chrétien, se puso nervioso", recuerda Henderson. El entonces primer ministro recurrió a la justicia, en 1998 el Tribunal Supremo emitió su sentencia y en 2000 el Gobierno de Chrétien aprobó la llamada "Ley de la Claridad", que limita el derecho y las consecuencias de un futuro referéndum independentista.
"El Supremo dijo que la declaración unilateral de independencia no es posible y que para que se produzca una separación legal, se tiene que realizar una enmienda constitucional", explica Henderson. Y añade que "en Canadá va a ser muy difícil, por no decir imposible, aprobar una enmienda constitucional que haga legal la separación de Quebec", añade.
También en 1998, y en respuesta a la Ley de la Claridad, Quebec aprobó la llamada Ley 99, que en esencia señala que no acepta las limitaciones impuestas por Ottawa a la hora de celebrar un referendo.
Tan pronto como Quebec aprobó dicha norma, Henderson la recurrió en los tribunales al considerar que es ilegal y anticonstitucional, batalla que todavía continúa ya que en abril de 2018 el Tribunal Superior de Quebec declaró la ley constitucional. Henderson y el Gobierno federal, que hasta el año 2013 no intervino en el proceso, han apelado la decisión.