Un equipo de investigación de la coalición militar liderada por Arabia Saudí ha concluido que el ataque del pasado 9 de agosto, en el que murieron medio centenar de personas, muchos de ellos menores, en el norte del Yemen fue "legítimo", pero "no justificado" en ese momento y en ese lugar.

En una rueda de prensa en Riad, el jefe de los investigadores, Mansur al Mansur, dijo que su equipo analizó los vídeos de los aviones de combate y todos los elementos en los que se basaron las órdenes para lanzar el bombardeo y estableció que el autobús blanco del mismo "era un objetivo militar legítimo" porque en él viajaban hombres armados.

Sin embargo, la incursión no estaba justificada porque "el objetivo no representaba una amenaza en ese momento" y porque los aviones de la coalición realizaron el ataque "con retraso" y alcanzaron el objetivo en una zona con presencia de civiles, en un mercado de la localidad de Dahian, en la provincia de Saada (norte).

Al Mansur detalló que la coalición militar monitoreó el vehículo "de forma continua" y lo atacó con una sola bomba "de forma precisa". Sin embargo, el investigador explicó que cuando se dio la orden de "no tener como objetivo el vehículo porque había civiles en el área, ya era demasiado tarde", porque la incursión aérea ya había dado comienzo. Por ello, Al Mansur pidió que rindan cuentas los que "cometieron el error", y que se ayude a los civiles que se vieron afectados por el bombardeo, 50 muertos y 77 heridos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Yemen.

El equipo de investigación que lidera Al Mansur está integrado por 13 miembros de países de la alianza, compuesta por Estados árabes y suníes, que lucha desde marzo de 2015 contra los rebeldes chiíes del Yemen. En respuesta al informe de ese equipo, que goza de independencia, según el propio Al Mansur, la comandancia de la alianza militar aceptó las conclusiones de la investigación y ofreció disculpas por sus "errores", y sus condolencias a las familias de las víctimas.

En un comunicado oficial, aseguró que tomará "todas las medidas legales" contra "todas las personas que hayan cometido errores, en conformidad con las normas y leyes aplicables" en este caso, y que revisará además las normas de combate y su aplicación para evitar incidentes en el futuro. Asimismo, prometió formar un comité conjunto con el Gobierno yemení del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi para "identificar a las víctimas y sus nombres, y ofrecerles ayuda".

El pasado 9 de agosto, el portavoz de la coalición, Turki al Malki, declaró que el bombardeo se realizó "de acuerdo con el derecho internacional humanitario y sus normas consuetudinarias". Por su parte, el CICR y otras organizaciones humanitarias condenaron el ataque, que golpeó un autobús en el que viajaban niños que se dirigían a una escuela de verano, a su paso por un mercado, lo cual también causó víctimas entre los clientes y los vendedores del mismo, según el director del Hospital Republicano de la ciudad de Saada, capital de la provincia donde tuvo lugar el bombardeo y principal bastión de los hutíes en el norte del Yemen.